El equipo de gobierno de Rita Barberá avanza en la tramitación de la modificación del plan especial de reforma interior (Pepri) del Cabanyal. La junta de gobierno local aprobó el viernes pasado una moción del vicealcalde, Alfonso Grau, para iniciar los trámites de modificación del planeamiento, que la alcaldesa quiere presentar a lo largo de este mes.
La moción, de apenas un folio, que fue incluida como despacho extraordinario en el orden del día de la junta, recuerda en el primer párrafo que la orden del Ministerio de Cultura de 2009 «declara la obligación del Ayuntamiento de Valencia de proceder a la suspensión inmediata del plan en tanto se lleve a cabo la adaptación del mismo para garantizar los valores históricos del barrio».
Alude asimismo al acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2013 donde se recoge el compromiso de «estudiar las fórmulas que permitan promover la adaptación del pepri». En la moción, Grau dice que fruto de ese trabajo «se ha alcanzado recientemente un acuerdo político con el Ministerio de Cultura», «lo que exige la redacción de los instrumentos urbanísticos para su tramitación».
La moción resuelve así encargar a Aumsa las gestiones necesarias para redactar, en colaboración con la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, los instrumentos urbanísticos necesarios para la adaptación del pepri del Cabanyal. Encargo que se hará, según subraya la moción, «en los términos del acuerdo político alcanzado con el ministerio». El acuerdo, basado en un informe técnico de la Secretaría de Estado de Cultura, establece que en el proceso de adaptación del plan se levantará la suspensión de licencias. Para la modificación del plan se recabarán informes de instituciones de prestigio, como los colegios de arquitectos, como ya se hizo para la redacción de la orden ministerial de 2009 que declaró expolio el plan urbanístico de la prolongación de Blasco Ibáñez.
Salvem el Cabanyal ha advertido de que se personará en el expediente de la modificación del Pepri que deberá pasar nuevamente por un proceso de exposición pública y alegaciones y que, en base a la actual normativa, requerirá también un estudio de viabilidad económica.
