La plataforma Uber puso ayer en marcha en Valencia la aplicación UberPop que permite disponer a través del móvil de un vehículo para desplazarse por la ciudad, un desembarco que ha llegado precedido por la polémica, ya que en la conselleria de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana aseguran que oficialmente no han recibido ninguna comunicación por parte de la compañía norteamericana del inicio de sus actividades. Un detalle que no es menor, ya que significa que si un inspector de la conselleria localiza a un vehículo adscrito a Uber trasladando a una persona sin la correspondiente tarjeta de transportes se expondría a una sanción grave, lo que conlleva una multa de 2.000 a 6.000 euros.

La conselleria de Infraestructuras, como ya adelantó este periódico, considera la actividad de Uber como un servicio de transporte de viajeros, por lo que necesitarían los mismos requerimientos que cualquier otra empresa. Aunque desde la plataforma aseguran que ya se habían puesto en contacto con las autoridades autonómicas para explicarles su proyecto, un portavoz de la conselleria señaló a Levante-EMV que lo único que hizo Uber fue pedir a través del correo electrónico una entrevista, que finalmente mantuvieron con un técnico de la conselleria, en la que explicaron cómo funcionaban, pero sin trasladar una fecha concreta de su puesta en marcha en la Comunitat Valenciana.

Desde Uber, sin embargo, entienen que el servicio que prestan no se pueden entender como una actividad de transporte, sino como «una plataforma tecnológica que contacta pasajeros y conductores para compartir sus vehículos».

La llegada de Uber a Valencia, por otro lado, ha supuesto un mazazo para los taxistas, que consideran que puede ser «la gota que colme el vaso de la paciencia de muchos de los trabajadores del sector», que ven esta aplicación de móvil como una competencia desleal, que se suma a la del intrusismo. «Aquí hay gente que está en una situación muy complicada señaló Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunitat Valenciana. Son personas que han llegado a pagar hace 4 o 5 años 130.000 euros por una licencia por la que ahora no dan ni 70.000, que han hipotecado sus casas, que lo quieren dejar pero que están enganchados por las deudas y con lo que sacan del taxi no les da ni para pagar lo que deben ni para comer. Y esto de Uber puede ser ya la puntilla».

Fernando del Molino reconoce que los ánimos entre los profesionales del taxi están soliviantados. «No se puede permitir un transporte ilegal, sin visados, sin garantías de pagar impuestos. Solo esperamos que la conselleria actúe contra el intrusismo».

Uber, antes de desembarcar en Valencia, lo había hecho en Barcelona y en Madrid. En ésta última ciudad, la consejería de Transportes de la Junta ha requerido formalmente a la compañía norteamericana para que se registre como empresa de transportes o de servicios turísticos, ya que de lo contrario consideraría ilegal su actividad. De momento Uber ha recurrido y el expediente se encuentra en periodo de alegaciones. No obstante, los inspectores de transporte de Madrid, en su última campaña contra el intrusismo en el sector, expedientaron a 140 vehículos por llevar pasajeros sin autorización, entre los que se encontraba un número indeterminado de ellos adscritos a la plataforma UberPop, según confirmaron a Levante-EMV en la propia consejería. Los expedientados, de hacerse firme la sanción, podrían enfrentarse a multas de hasta 6.000 euros.

Desde Uber, el «country manager» para España, Carles Lloret, se mostró «entusiasmado» por el lanzamiento en Valencia y la «increíble demanda que el servicio está teniendo en la ciudad». Barcelona y Madrid, por otra parte, lideran ya el crecimiento en Europa. Uber ya se encuentra en 220 ciudades.