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Entrevista | Antonio Vercher Noguera

"Echo de menos mayor reacción social frente a los delitos medioambientales"

El valenciano Antonio Vercher lleva desde 2006 al frente de los fiscales que persiguen los delitos contra el medio ambiente y urbanismo

"Echo de menos mayor reacción social frente a los delitos medioambientales"

"Echo de menos mayor reacción social frente a los delitos medioambientales"

¿Ocho años al frente de la Fiscalía y qué hemos ganado en la protección del medio ambiente?

Quizá las cifras ayuden a entender el camino recorrido hasta ahora. Hemos pasado de 300 sentencias de condena el primer año a 900 en el último ejercicio.

¿Con retrocesos, parones ?

No. No . Se ha producido un incremento progresivo.

¿Al principio fue duro, no? Pocos fiscales y pocos medios...

Tenemos 153 fiscales de Medio Ambiente en este momento. Estamos presentes en todo el territorio.

¿Y en cuanto a los medios? No hace mucho que usted tenía que recurrir casi por amistad a expertos para que hicieran peritaciones.

En eso hemos cambiado mucho. La Fiscalía tiene ahora una unidad técnica integrada por licenciados en ciencias medioambientales, biólogos, ingenieros forestales, una unidad policial con guardias civiles adscritos al Seprona y un representante de los agentes forestales y medioambientales para coordinar a los 7.500 agentes de toda España.

¿Ahora mismo percibe usted una demanda social para incrementar las penas en los delitos de medio ambiente como ocurre recurrentemente con determinados delitos?

Realmente echo de menos una mayor reacción social frente a estos delitos, aunque también comprendo que socialmente es un momento difícil, con muchísima gente con problemas económicos y dificultades netas de supervivencia.

¿Sin esa presión, teme por los medios?

Más medios y personal, pues... infinitamente mejor, pero con los que tenemos podemos adaptarnos a las nuevas situaciones que se plantean.

¿Como cuáles?

Estamos teniendo delitos en el contexto del reciclaje ilegal de residuos electrónicos o intervenciones por trafico ilegal de sustancias como el R22 o el R12, que se venden todavía pese a su impacto sobre la capa de ozono. Son temas nuevos en los que estamos muy encima y están saliendo francamente bien.

¿Alguna alerta especial?

En Patrimonio Histórico hemos entrado muy fuerte. Hace poco cerramos la operación «Helmet», que nos permitió descubrir 5.000 objetos arqueológicos en manos de un individuo partiendo de información sobre unos cascos celtibéricos que se estaban subastando en Alemania. Presentamos querellas por extracciones ilegales de agua en Daimiel y en este momento hemos formalizado un número significativo de querellas por extracciones ilegales en Doñana. Son problemas arraigados de difícil solución que se estaban perpetuando a lo largo de los años

En este momento de paréntesis en el desenfreno urbanístico qué cabría hacer? Se lo digo porque muchos ven inevitable y hasta salvador un regreso al frenesí de hace unos años...

Yo no creo que eso se produzca. Sinceramente. Era un modelo económico que se mostró extraordinariamente productivo pero ni siquiera era exclusivo nuestro. La burbuja explotó en Estados, Unidos, en Australia y probablemente lo haga en China, donde pasará exactamente lo mismo que en nuestro país. Lo digo porque creo que es un modelo económico negativo, muy perturbador y con unas consecuencias ambientales nefastas. No creo que vuelva porque ya sabemos a dónde conduce.

¿Y como explica que casi todos los días se conozcan nuevos casos de corrupción casi siempre ligados al urbanismo?

La fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo surgió, entre otras razones, a consecuencia de casos como «Malaya», cuando se vio que, al margen del impacto sobre el territorio, había mafias que estaban blanqueando dinero en España a través de la construcción. Aquello era insoportable para un Estado y se actuó. Ahora, de las casi 900 condenas de 2013, 500 son en materia de urbanismo, mucho más de la mitad, lo cual es sintomático del esfuerzo que se está haciendo.

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