¡Torquemada existe!

Al pasar por la calle donde el palacio de las Cortes Valencianas hace esquina, siento un escalofrío. Un triste recuerdo histórico guardan las sombras sepultadas: el palacio de la Inquisición de la calle de La Unión, anteriormente calle de «les Nou Reixes» „ a colación de las nueve rejas, que había en el palacio del Santo Oficio„ En 1829 la plebe picó el escudo de la puerta del edificio, que fue derribado en su totalidad después de 1876? Fue derribado el edificio, pero el término inquisición sigue ahí, adaptado a los tiempos actuales; es verdad que no hay hogueras, ni torturas físicas terribles, pero Torquemada, existe escondido en eso que se llama el Poder y quizá todos nosotros, tengamos un Torquemada pulgarcito que juzga y condena a los que no piensan y actúan como nosotros dictaminamos.

Mi pensamiento divaga y un Torquemada contemporáneo se estrella en mi mente, ¡ah...la reconozco es la ley mordaza! Me cuestiono que necesidad acucia al Gobierno para sacudir al ciudadano, cuando tan faltos estamos de participación y de compromiso cívico. ¿Qué atávicos miedos rondan al Gobierno? Reglamentar derechos fundamentales como los de reunión y manifestación so pretexto de preservar el orden público, exigen la máxima atención, de hecho ahora mismo tengo los pelos de punta. La libertad y la democracia están en la calle, rodeando el Congreso o con una sentada a las puertas de la Presidencia del Gobierno. Pretender cercar la legitimidad democrática tras los muros de las Cortes es desconocer la esencia de la libertad, la participación y de la propia democracia. Temo a ese Poder que acapara sanciones administrativas, su tono es inquisitorial, todo bajo control del poder político ¿De verdad es necesario?

Soy demócrata liberal de aquel partido político en el que cabíamos todos en un taxi, nuestro pensamiento no concebía ataduras a la libertad, nada que ver con segurados y aguirres. Para un liberal, como decía Muñoz Peirats: «la libertad es innegociable». Por eso ante la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana: «diguem no!» Una ley que es cuestionada por: el GGPJ; el Consejo de Estado o Consejo Fiscal; por prestigiosos juristas; por la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y con un rechazo mayoritario, según una encuesta realizada por Metroscopia para la ONG Avaaz. Org. Y, además, uno de los 86% de los encuestados sostiene que una legislación de esa índole, necesita contar con el apoyo de todos los partidos. Debe ser al menos objeto de reflexión.

De la lectura de la exposición de motivos de esta ley se intuye el temor del Gobierno hacia el desarrollo de movilizaciones sociales fruto del descontento y la frustración política; vincularlas a las denominadas conductas antisociales, sitúa al borde del precipicio, el sentido más íntimo de la democracia. Algunas faltas que antes se tipificaban en el Código Penal, sancionadas con intervención judicial, ahora pasan a ser sanciones administrativas, en la que solo hay intervención judicial a posteriori, la regresión de derechos es notoria. Me ha sorprendido leer que las faltas muy graves se sancionarán con multa entre 300.001 euros a 600.000 euros; las graves entre 601 euros a 30.000 euros, y las leves entre 100 a 600 euros. La voz del Gobierno suena tediosa, repetitiva y causa miedo. ¡Tenga cuidado! no se una a una manifestación, ni por curiosidad, frente al Congreso de los Diputados, ni frente al Senado o frente al Poder Ejecutivo y sobre todo lleve siempre su carnet de identidad.

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