Ordenan derribar la ampliación ilegal de un ático en Campanar

El Ayuntamiento de Valencia ha dado la orden a un vecino de Campanar de demoler las obras de ampliación de su vivienda que realizó en la terraza comunitaria de uso privativo de su edificio de ocho alturas. Además, el consistorio ha impuesto una segunda multa coercitiva de 600 euros al propietario de la vivienda. De no cumplir con la resolución, el equipo de gobierno advierte de que seguirá imponiéndole sanciones de entre 600 euros y hasta 3.000 euros cada una hasta un máximo de diez, con el objetivo de que el inquilino cumpla con las normas urbanísticas.

En enero de 2012. J. R. A. T. fue denunciado por su comunidad de vecinos de un edificio situado en Campanar. Tras la inspección del Ayuntamiento se comprobó que el propietario había ampliado su vivienda en la terraza de uso privativo de la finca. En concreto amplió un dormitorio en 18 metros cuadrados y un cuarto de baño comunicado en 1,90 m2. Además construyó una pérgola en el ático con una superficie de 10 m2, fabricada con perfiles metálicos y cubierta de sandwich, sin estar cerrada por los laterales y frente.

Las obras incumplen los artículos 5.47 y 5.56 de las Normas Urbanísticas del actual Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, ya que se produjo un aumento de volumen y una alteración de la fachada original.

El propietario del piso en el que se realizaron las obras recurrió aduciendo que la posible ilegalidad de la reforma había prescrito, ya que los trabajos de remodelación se llevaron a cabo hace catorce años. Sin embargo, el servicio de inspección del Ayuntamiento de Valencia rechazó el recurso.

Según el consistorio, en el edificio de ocho alturas más una planta ático retranqueada cuatro metros de la fachada principal había agotado ya toda posibilidad de edificabilidad, por lo que las obras realizadas eran a todas luces ilegales, aunque se hubieran realizado hace catorce años.

Segunda multa

De manera que el Ayuntamiento de Valencia le comunicó al vecino afectado el 8 de octubre de 2013 la obligatoriedad de demoler las obras realizadas y devolver el edificio a su estado original, además de imponerle una primera multa coercitiva de 600 euros. El propietario hizo caso omiso, por lo que el consistorio ha vuelto a resolver con idéntico dictamen y con una segunda multa coercitiva de 600 euros.

En caso de un nuevo incumplimiento por parte del propietario de la orden de restauración de a legalidad urbanística, el equipo de gobierno local amenaza al vecino con nuevas sanciones de entre 600 y 300 euros hasta un máximo de diez. De momento acumula dos. En el caso de que no cumpliera la resolución, el consistorio advierte de que podría realizar la ejecución subsidiaria de la demolición.

Suscríbete para seguir leyendo