El grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia presentó ayer el recurso contra la exoneración de Alfonso Grau dentro del caso Nóos. El escrito de reclamación a la Audiencia de Palma, y que se presentará a través del juez José Castro, incidirá en la condición «pública» de la Fundación-Valencia Turismo pero en la que se utilizó «la fórmula de tratarla como privada para actuar al margen de la ley». Así lo argumentaba ayer Joan Calabuig, portavoz del PSPV en el consistorio. «La Audiencia ya incidía en esos planteamientos, por lo que no estamos de acuerdo, con todos nuestros respetos a la labor del juez Castro, a la exclusión del vicealcalde en esta causa», desgranaba.

Calabuig, además, adelantaba que parte de la nueva documentación apela «a los indicios de manipulación de las declaraciones de los patronos de la Fundación Valencia Turismo durante la fase de instrucción». Hacía hincapié, además, en el carácter «extemporáneo» que consideran que tiene la declaración que tomó Castro en Valencia a los miembros del patronato, presidido por Grau. Se refería en concreto Calabuig a la pregunta de si los miembros de la Fundación Turismo Valencia tenían capacidad de decisión. Uno de ellos respondió que «suponía» que sí. El resto, que les llegaba «todo cocinado». Castro se quedó con el «supongo» de ese único testigo, según apuntaba Calabuig. «Eso no tenía solidez y menos cuando varios de ellos reconocieron que hubo reuniones para preparar sus intervenciones ante el magistrado y por eso lo rechazamos», advertía el líder socialista, quien el miércoles explicará la totalidad del recurso.

Esperanzado en que prospere

Calabuig se mostraba ayer esperanzado en que prospere este nuevo requerimiento, además de reiterar que su objetivo no es otro que «defender los intereses de la ciudad de Valencia». «Se han malgastado recursos públicos y al señor Urdangarín le dieron dinero del ayuntamiento de forma irregular», reiteraba. Como se recordará, el pasado día 22 de diciembre Castro dictaba el auto de apertura oral para diecisiete personas, entre ellas, los exaltos cargos valencianos Luis Lobón, Jorge Vela, Elisa Maldonado y José Manuel Aguilar, a quienes reclamaba fianzas entre 1,3 y 4,1 millones.

Sin embargo, dejaba fuera a Grau, a quien el PSPV y el sindicato Manos Limpias, „que actúan como acusación particular„ , solicitaban 11 años de prisión por fraude a la administración, malversación continuada en concurso con prevaricación y tráfico de influencias y falsedad en documento. «Vamos a ratificarnos en nuestra argumentación primera y es que el patronato no sólo era público, sino que sus miembros sabían que era público», reiteraba.