Una fábrica destinada a dotación se recalifica para uso hostelero y comercial

El ayuntamiento se escuda en una sentencia de 1993 que le obligaba a definir el tipo de equipamiento

Una fábrica destinada a dotación se recalifica para uso hostelero y comercial

Una fábrica destinada a dotación se recalifica para uso hostelero y comercial

h. g. | valencia

El Ayuntamiento de Valencia, acuciado por el pago de expropiaciones millonarias de suelo y edificios grafiados como dotaciones, ha aprovechado la revisión del PGOU para soltar lastre. Es el caso de una de las antiguas fábricas del entorno de la avenida del Puerto que se grafió como equipamiento público y que ahora se recalificará para uso terciario (oficinas, hoteles o tiendas).

El equipo de gobierno justifica la recalificación en una sentencia de 1993 que da respuesta a un recurso interpuesto por los dueños de la fábrica. El fallo reconoce el interés general de la calificación del enclave industrial como equipamiento, si bien obliga al ayuntamiento a precisar el uso pormenorizado, es decir, el tipo de dotación pública al que irá destinado el edificio (sanitario, cultural, deportivo, etc.), puesto que el PGOU se limitó a grafiar la fábrica como servicipio público de manera indeterminada, lo que generó, apuntó en su día el juez, una situación de indefensión.

El fallo anula el planeamiento en el apartado que se refiere a la calificación genérica y deja en manos del ayuntamiento la responsabilidad de concretar el uso. El equipo de gobierno ha ido más lejos y ha decidido recalificar la parcela para uso terciario.

La fábrica que se recalifica está ubicada en el número 232 de la avenida del Puerto, en la esquina con la calle Noguera. En la revisión se mantiene la protección de la fábrica a la que se asigna una edificabilidad de 6.000 m2 de techo. La revisión permite que en una parte de la parcela se puedan edificar hasta tres alturas. El concejal socialista Vicent Sarrià, que ha denunciando que la revisión del PGOU se utilice como coladero para recalificar terrenos, acusó al PP de propiciar un pelotazo de 12 millones de euros en base a una sentencia de hace dos décadas que ha sido desempolvada para presentarla como alegación a la revisión del PGOU. Sarrià recuerda que esta decisión supone un agravio para otros ciudadanos que han presentado alegaciones similares y se han rechazado.

El concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, respondió ayer a las acusaciones del PSPV y aseguró que los valencianos quieren que el ayuntamiento resuelva los problemas de sus barrios. Recalcó que en la revisión se está dando salida a la reconversión de antiguos espacios industriales.

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