Buch teme un aluvión de peticiones de tiendas para abrir los 365 días del año

La Generalitat Valenciana, que tiene la competencia del comercio, ha mostrado su preocupación por la sentencia judicial que permite a la tienda de Media Markt de la avenida Cortes Valencianas abrir los festivos y que cuestiona la «arbitrariedad» del Ayuntamiento de Valencia a la hora de definir las cuatro Zonas de Afluencia Turística señaladas en la ciudad. El conseller de Economía, Máximo Buch, aseguró ayer que existe el «riesgo» de que más establecimientos recurran a la vía judicial para pedir esa declaración y beneficiarse también de la libertad de horarios.

El conseller mostró su sorpresa porque el juez reconozca la potestad del Ayuntamiento de decidir cuáles son las zonas de afluencia turística y, sin embargo, dictamine que el área donde está ubicado el comercio denunciante debería también ser declarado con esta categoría.

«No sé cual es el fundamento de derecho», señaló Buch, pero remarcó que «es una sentencia» y que en caso de que el ayuntamiento solicite que esta zona sea declarada de afluencia turística, la Generalitat «se limitará a verificar que se cumplen los requisitos». Y si es así, añadió, dará su aprobación «sin entrar en mayores valoraciones».

Preguntado sobre la posibilidad de que la sentencia judicial produzca un «aluvión» de reclamaciones de comercios de la zona, Buch sentenció que «efectivamente» este riesgo existe. «El que haya una sentencia en ese sentido tiene como posible consecuencia que haya otros comercios que sigan la misma línea», dijo.

Ley de Comercio en marcha

«Esto lo que hace „explicó„ es ratificar la necesidad de lo antes posible tener una Ley de Comercio» en la que la Generalitat está trabajando, y cuyo borrador está previsto que se presente en unas semanas ante la comisión de estudio de la misma.

Dicha ley autonómica, declaró el conseller, «lleva un proceso, porque estamos intentando alcanzar el máximo consenso posible».

Ahora bien, Buch precisó que «luego ya veremos como la juzgan los jueces», y advirtió que «si se judicializa el asunto quedaremos a merced de que un juez aplique la ley autonómica o considere que la nacional tiene prevalencia».

Según el conseller, cuando una decisión está judicializada la Generalitat «no tiene más remedio que cumplirla, porque desde el punto de vista legal no hay otra salida».

Explicó, así mismo, que los casos de los municipios de Valencia y Alicante tienen la singularidad de que, por sus características de habitantes y visitantes, están considerados de gran afluencia turística, y tienen la obligación de tener una zona de gran afluencia turística. Así lo manda la orden del Gobierno y así actuó el Ayuntamiento de Valencia primero y consecuentemente el Consell.