El área norte del término municipal de Picanya, que linda con el Valencia, está clasificada como suelo no urbanizable de protección agrícola y así se ha preservado. Pero ahora ese paisaje puede verse alterado por las pretensiones de crecimiento del «cap i casal» que ha proyectado un polígono industrial y una zona para equipamientos junto a esta huerta protegida, en su nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que está en fase de exposición pública. Por ello, tal y como ya hizo en 2010 cuando se presentó el primer proyecto, el Ayuntamiento de Picanya, dirigido por el socialista Josep Almenar, ha presentado alegaciones en contra de la ordenación que pretende desarrollar la popular Rita Barberà.
En concreto, en el límite con Picanya, el Ayuntamiento de Valencia ha proyectado dos tipos de suelo. Desde la frontera con el municipio de l'Horta y hasta el trazado del AVE deja una franja de suelo no urbanizable de especial protección. Pero desde ese punto y hasta el barranco de Chiva, el consistorio de Valencia pretende convertir el terreno en suelo urbanizable para uso mixto industrial y terciario.
De ahí que los servicios técnicos de Picanya hayan emitido un informe desfavorable, que firma la arquitecta técnica municipal María Josep Dasí, y que ha servido de base para las alegaciones presentadas por el consistorio, que aprobó inicialmente el pleno.
En el informe se recogen las principales alegaciones que Picanya ya presentó en 2010 y los argumentos con los que fueron rechazadas por el Ayuntamiento de Valencia. También se indica que del proyecto de 2010 al de 2014 se ha producido una variación en el área entre la autovía de Torrent a Valencia y el AVE, al clasificarse como suelo no urbanizable no protegido de reserva dotacional, dado que son terrenos que presentan ciertos valores agrícolas, pero que tienen menos calidad ambiental que otros.
Prohibir el CIS
Respecto a las alegaciones de Picanya, el informe considera que en esta última zona no urbanizable no protegida son posibles usos «por ejemplo asistenciales» que «aún alterarían más el actual uso agrícola».
Por ello, Picanya pide que se mantengan como terrenos protegidos y que se limite al máximo el uso que pueden tener, «prohibiendo expresamente la instalación de un Centro de Inserción Social (CIS), cuyos usuarios serían expresidiarios en fase de rehabilitación. De hecho, ésta es una de las batallas que plantearon hace años los municipios de Picanya y Paiporta, cuando el Gobierno central pactó con Valencia su ubicación en ese punto. El alcalde de Picanya se mostró partidario de que se instalara en el centro de Valencia, como están en otras ciudades, o bien propuso una ubicación alternativa que también defendió Paiporta.
Otra de las alegaciones hace referencia a la vía pecuaria que se verá invadida por la futura zona industrial de Valencia, si se aprueba el PGOU. En Picanya, los técnicos consideran que «es imposible evitar mayor afluencia de tráfico», especialmente pesado, «por una vía pecuaria junto a un polígono industrial». Por otro lado, el consistorio considera que la construcción de una red de pluviales en ese punto puede provocar inundaciones en el polígono industrial de Picanya.
Y respecto a la pastilla de terrenos desde las vías del AVE hasta el barranco, Picanya pide que se elimine la clasificación de suelo urbanizable industrial y se conserve como huerta protegida. De forma paralela, el consistorio de l'Horta reclama que se descarte construir una ronda viaria para dar servicio a esa zona industrial, así como las infraestructuras de pluviales. Por último, Picanya pide que se conserven como puntos de interés cultural y patrimonial «les Alqueries» y los motores de los huertos.
