Un estudio llevado a cabo durante cinco años (2009-2013) por la profesora Beatriz Santamarina, del departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València, pone de manifiesto «la resistencia ante el proceso de expropiación y gentrificación por parte de las autoridades tanto municipales como autonómicas» de los vecinos del barrio del Cabanyal y «la capacidad de movilización social para frenar la puesta en práctica de políticas urbanísticas de gran potencial económico».
«El estudio se enmarca dentro de un proyecto mayor sobre los diferentes barrios de la ciudad, la investigación 'Metrópolis glocalizadas: el caso de Valencia. Espectacularización y precarización'. Dentro de éste, yo me he centrado en los movimientos Salvem el Cabanyal y Viu al Cabanyal», explica a Levante-EMV Santamarina. «No son los únicos movimientos vecinales que existen, hay muchos más, como L'Escoleta o l'Ateneu Llibertari. En el caso de Salvem lo he escogido por su trayectoria y el de Viu al Cabanyal resulta interesante ya que se formó a raíz del 15 M», narra la investigadora.
Santamarina explica que estos movimientos tienen su origen en la propia naturaleza del barrio, «que siempre se ha caracterizado por su vida de puertas afuera». La autora señala que la «propia disposición del barrio (alejado del centro de la ciudad), de sus casas (la mayoría plantas bajas o de una altura) y de sus calles (paralelas y con travesías) ha contribuido a desarrollar una densa sociabilidad, donde la calle ha ocupado un lugar destacado en la configuración de la identidad» y que, por lo tanto, «no es de extrañar» su activa vida asociativa.
Así, el barrio ha respondido y se ha resistido a los «megaproyectos y eventos de la ciudad, amparados en la retórica de la excelencia y la competitividad», así como a las políticas locales «basadas en las tendencias conocidas como city-marketing o ciudades especularizantes», recoge el artículo de Santamarina. Y lo ha hecho tanto por la vía clásica, la judicial, como por las nuevas, con jornadas como la de puertas abiertas. Para Santamarina, «las administraciones han responsabilizado a los vecinos de su propia situación de desamparo».
