La Audiencia Provincial ha vuelto a dar al Ayuntamiento en la demanda contra la comunidad de vecinos del edificio de la Plaza de la Virgen en el que tradicionalmente se han colocado los anclajes para la sujeción del toldo en la plaza. La Audiencia ha confirmado la existencia de "servidumbre" y de la obligación de los demandados de permitir tanto la extensión del toldo, como las labores de mantenimiento de dichos anclajes.

De este modo, la Audiencia Provincial ratifica y confirma el derecho que tiene el Ayuntamiento de extender el citado toldo, tal y como ya había reconocido el Juzgado de primera instancia número 1 de Valencia el pasado mes de septiembre, en una sentencia que fue recurrida por los demandantes.

El dictamen de la Audiencia es contundente al afirmar que "no nos hallamos ante actos de mera tolerancia sino ante actos que reflejan la existencia de la servidumbre constituida para la extensión del toldo", sosteniendo con la misma contundencia que "de lo que no tenemos ninguna duda es de que a principios de los años 1970 se comenzó a instalar el toldo enganchado a la finca de los demandados".

Otras afirmaciones de la sentencia igualmente rotundas son: "La presencia de los anclajes en la fachada (...) denotan una situación de permanencia, no de temporalidad, y su ejecución, sólo pudo llevarse a cabo previo acuerdo expreso de los propietarios de las viviendas en las que se encuentra cada enganche y, por ello, de todo el inmueble. No podemos estimar que la comunidad demandada permitiera la instalación de unos anclajes definitivos, unidos a la fachada, con unas poleas y unos cables, de la entidad que tienen los que existen en la finca de los demandados, como actos de mera tolerancia que perduran, al menos, desde hace 45 años, como indica la propia parte apelante en su recurso".

La sentencia añade que "estamos hablando de que el titular de la servidumbre, en el presente caso el Ayuntamiento, para poder valerse de ella, ha ejecutado obras de gran envergadura en la finca propiedad de los demandados, colocando hasta 7 anclajes, algunos situados en las zonas de balcones, obligando a que se ejecuten las obras entrando en las viviendas, para lo que es necesario contar con el consentimiento de cada uno de los vecinos. Esta interpretación es corroborada por las manifestaciones plasmadas en el libro de actas (...)".

Otro párrafo del fallo judicial destaca que "además, el silencio de la comunidad de propietarios desde la citada fecha y por tanto, la ausencia de manifestaciones en contra de los anclajes y de los toldos, también revelan una conformidad con los mismos, puesto que periódicamente se extendían los toldos, y lógicamente los vecinos, "sufrían las consecuencias negativas de su instalación", sin mostrar por ello su disconformidad o quejas".

Y un último argumento de la sentencia subraya que "ya en la sesión de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento del día 16 de abril de 1982 el Exmo. Ayuntamiento adoptó el acuerdo de sustituir los toldos (...). y desde el año 1996 se constituyó la Fundación para la restauración de la Basílica, haciéndose constar que el toldo era propiedad del Ayuntamiento de Valencia".