La oposición municipal en el Ayuntamiento de Valencia insistía ayer en que el anuncio de inicio de desbloqueo del plan del Cabanyal, con su medida estrella de la prolongación de Blasco Ibáñez, no es más que un gesto del PP de apoyo a Rita Barberá pero «vacío de contenido». El pasado sábado, durante su acto de aclamación como candidata, Barberá leyó una nota que le había enviado el gabinete del ministro de Cultura, José Ignacio Wert, en el que se informaba de que el Ministerio «ha iniciado oficialmente el procedimiento de revisión de la orden ministerial que suspendía la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri)».

El hecho consiste en que el ministerio va a valorar si el nuevo plan del Cabanyal revisado que presentó Barberá en junio de 2014 se ajusta a la orden ministerial de 2009, que declaraba expolio los derribos en el barrio.

Con todo, establecer si el nuevo diseño se ajusta o no a la orden ministerial no se trata de una decisión política que dependa de Wert. El ministerio debe pedir ahora informes técnicos internos y externos que acrediten que, en efecto, el nuevo diseño del plan no supone expolio. Y deben hablar los mismos que en 2009 instaron al entonces Gobierno socialista a paralizar el Pepri: los técnicos del ministerio, el Colegio de Arquitectos de España, la Real Academia de Historia de España y el Museo Nacional de Cerámica.

Y, según parece, este trámite consultivo, que lleva su tiempo, aún no se ha puesto en marcha. Hace unas semanas, concretamente el 21 de enero, el Ministerio de Cultura respondió a un pregunta del PSPV de la que se desprendía que esos informes aún no habían sido solicitados. En opinión de los socialistas en Valencia, la nueva redacción, pese a las matizaciones, incluye los «principales elementos que se tuvieron en cuenta en los informes para concluir la situación de expolio»: mantenimiento de una avenida de 48 metros incompatible con el conjunto histórico, la desaparición de la trama histórica en la parte fundacional del barrio, alteración del resto de la trama urbana, destrucción de patrimonio protegido, cambio de alineaciones, alteración de la edificabilidad y derribo de 637 edificios de los que 182 están protegidos.

No hay previsto nada en comisión

En paralelo a esto, los técnicos de la Concejalía de Urbanismo del ayuntamiento está resolviendo las cerca de 30.000 alegaciones que ciudadanos, entidades y formaciones presentaron durante el proceso de exposición pública del nuevo plan. Según fuentes municipales, de momento no hay fecha para la entrega de las respuestas. De hecho, hoy no está previsto que nada relativo al Cabanyal pase por la Comisión de Urbanismo que se celebra en el ayuntamiento. Lo cierto es que todo lo relativo a esta nueva versión del plan se está gestionando con bastante retraso. El acuerdo bilateral entre el Estado y la Generalitat para desbloquear los planes de Barberá, embarrancados con la orden de finales de 2009, se publicó en el BOE hace más de un año, el 7 de enero de 2014.

Pero pasó otro medio año hasta que el equipo de Gobierno presentó su plan revisado, en julio de 2014. Fue sometido a exposición pública, y aún están preparándose las respuestas a las miles de alegaciones presentadas en septiembre. Es una avalancha burocrática pero las alegaciones se encuadran en varios bloques, apuntaron.

El ministerio, con todo, ya ha recibido la nueva versión del plan, y ha respondido con una nota, la que leyó la alcaldesa el sábado, día de su proclamación, en la que informa de que inicia el procedimiento de revisión. Un procedimiento que ahora depende de los expertos del ministerio y de otros informes de «instituciones externas independientes», lo que difícilmente permitirá emitir una solución de forma inminente.

La fecha tan señalada del anuncio y el contenido de la nota, alabando la actuación del ayuntamiento, hizo a la oposición y al colectivo Salvem el Cabanyal calificar el anuncio de «humo electoral»: recuperando su vieja aspiración en puertas de la campaña.