El concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia Vicent Sarrià denunció ayer que la Junta de Gobierno Local del pasado viernes acordó pagar 4,1 millones de euros a las mercantiles RS e Hijo SL y Gesfesa Valencia por una parcela de su propiedad de 3.941 m2 situada en la avenida de los Naranjos y destinada a jardín. Esta parcela, aseguran los socialistas, debería haberse cedido gratuitamente en un programa de Actuación Integrada (PAI) que delimitaba una unidad de ejecución.

Sarrià explicó que las mercantiles privadas citadas propietarias del solar presentaron alternativas Técnicas en el año 2002 para un Programa de Actuación Integrada PAI que incorporaba terrenos edificables del entorno, junto al Tanatorio y al Hospital San Juan de Dios, cuya unidad de ejecución incorporaba como cesión obligatoria el jardín de 3.941 m2 que ahora se expropia, así como su ejecución como carga de urbanización.

Sin embargo, el gobierno municipal durante la tramitación de este PAI «permitió a las mercantiles deshacer la unidad de ejecución para liberar a los terrenos privados de esta cesión obligatoria y poder construir de manera aislada sin necesidad de cumplir con las obligaciones de reserva de suelo dotacional para la ciudad», apuntó el edil.

De esta manera, los promotores propietarios del solar destinado a jardín, una vez liberados de esta responsabilidad, «instaron en 2004 la expropiación de los terrenos con una superficie de 3.941 m2, solicitando 12,4 millones de euros».

Finalmente el Jurado Provincial de Expropiaciones mediante resolución del 1 de julio de 2014 valoró la parcela en 4,1 millones de euros, que se acordaron pagar con cargo al presupuesto de 2015 el pasado viernes, apuntó.

Sarrià criticó que «las malas prácticas urbanísticas y el despilfarro de la alcaldesa siempre lo acaban pagando los ciudadanos», al tiempo que señaló que «resulta cuanto menos sospechoso que los beneficiados por la expropiación y propietarios de los terrenos, sean los mismos promotores que debían haber cedido gratuitamente el suelo en el Programa de Actuación integrada (PAI) presentado al Ayuntamiento».

A su juicio, la decisión del gobierno municipal de anular esta Unidad de Ejecución «ha facilitado estas plusvalías privadas en detrimento de los recursos públicos municipales». Además, afirmó que la «desidia y nefasta gestión evidencia que los intereses generales de los ciudadanos no han sido su prioridad y el despilfarro ha marcado su gestión de estos 24 años».

El grupo sociaista ha criticado reiteradamente la «sangría para las arcas municipales» que suponen las expropiaciones. En los presupuestos de los últimos 24 años se han pagado 600 millones de euros para expropiaciones, lo que los socialistas han calificado de «despilfarro de los recursos públicos». En muchas ocasiones, las cantidades pagadas por las expropiaciones han ido a parar a mercantiles privadas y promotores que adquirieron los suelos dotacionales a sus propietarios con el objetivo de pedir posteriormente la expropiación. Para Sarrià, «es curioso que pasado un tiempo, esos mismos propietarios a los que no se les exigía ceder suelo dotacional hayan sido beneficiarios de generosas expropiaciones.