El pago del IBI, del impuesto de Circulación o las multas de tráfico. Para que los menores de los tres colegios municipales (Santiago Grisolía, Benimaclet y Santiago de los Ríos) puedan acceder a las becas de comedor sus familias no deben tener ninguna deuda con el ayuntamiento. Así lo denunció ayer Comisiones Obreras tras asegurar que el ayuntamiento ha «endurecido» las condiciones que la Generalitat Valenciana pone para acceder a esta prestación social. «Estas becas están, en gran parte, destinadas a familias con dificultades económicas o en riesgo de exclusión social. Por eso esta medida nos parece injusta e inhumana», aseguraron desde el sindicato.

La concejala del PSPV, Anaïs Menguzzato, acusó al gobierno de Rita Barberá de ser «insensible con la situación de emergencia social que está viviendo miles de valencianos». «Esta decisión es una muestra de que o bien no se han dado cuenta o bien no les importa nada el drama que están viviendo muchas familias en nuestra ciudad», remarcó.

Es más, la edil socialista aseguró que el programa electoral de su partido incluye «modificar la ley general de subvenciones y garantizar que la concesión de becas escolares a los niños no esté condicionada por la deuda con la administración tributaria o la seguridad social del núcleo familiar, ni por la situación administrativa de los padres».

Esquerra Unida, sin embargo, dio un paso más. «¿Se le ha supeditado al Hotel Westin Valencia lo que debe en concepto de IBI para contratar una cena de lujo para la Nit del Foc en sus instalaciones?», preguntó la concejala de EU, Rosa Albert, quien calificó de «verdadero escándalo» que «una vez más, el equipo de gobierno priorice a unos pocos en detrimento de unas necesidades sociales de un grupo de menores». El ayuntamiento «debería garantizar la beca de comedor independientemente de la situación de adeudo de sus progenitores o tutores y, por ello, exigimos al PP que de manera inmediata conceda esta beca a la totalidad de los beneficiarios, independientemente de la situación de pago de las obligaciones tributarias familiares», añadió Rosa Albert.

Desde el Gobierno municipal, sin embargo, aseguraron que los Servicios Sociales «estudiarán uno por uno los 52 casos para ver cuál es la situación de las familias y garantizar que ningún niño que lo necesite se quede sin beca». «Éste es un requisito que se incluye para ejercer un control de las ayudas pero no significa, en ningún caso, que aquellos menores que necesitan la ayuda para comer no vayan a recibirla. Pero hay que estudiarlo. Caso por caso», concluyeron las mismas fuentes.