Salvem el Cabanyal estudiará, en próximas fechas, llevar al Ayuntamiento de Valencia a los tribunales por un presunto delito de prevaricación después de que el pasado viernes el último pleno del mandato que preside Rita Barberá aprobará volver a dar licencias en el Cabanyal. La decisión municipal llega tras recibir un informe del Ministerio de Cultura, en el que se asegura que la orden de 2009 en la que el consistorio se apoyaba para no dar licencias en la zona afectada por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) no impedía otorgar permisos de obras en todo el barrio. Desde Salvem estudiarán si el comportamiento del equipo de gobierno del PP constituye delito y no descartan llevar a la corporación, y muy especialmente, a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el exvicealcalde, Alfonso Grau, ante la justicia.
Así lo explicó ayer Faustino Villora, de Salvem el Cabanyal, que hizo hincapié en que «nada ha cambiado» desde el informe de la Abogacía del Estado de 2010 y el momento actual. «Ha habido una voluntad política de culpabilizar al Ministerio de Cultura poniendo como rehenes a los vecinos y patrimonio del Cabanyal. Llevamos cinco años denunciándolo», lamenta Villora, que destaca que desde el consistorio «han estado prevaricando presuntamente y no han querido reconocer la situación por intereses espurios».
Desde la Asociación de Comerciantes del Cabanyal tildan de «miserable» el comportamiento del consistorio porque durante cinco años «ha habido propiedades que se han deteriorado mucho y hemos tenido que invertir dinero en que no se perdieran». «Es una pérdida de tiempo que ha afectado al desarrollo del barrio en todos los sentidos, no sólo a los edificios y otras infraestructuras visibles sino también a las personas», explica Emiliano García, presidente saliente de la entidad „que ahora preside, desde hace apenas quince días, Paco Ortega„. García descarta pedir responsabilidades por falta de recursos económicos, pero asegura que lo vería con buenos ojos.
