El juzgado de Instrucción número 12 de Valencia ha ordenado la apertura de juicio oral contra los dos tasadores del conocido como edificio Apple, en la esquina de la calle Colón con Roger de Lauria de Valencia, por un delito de falso testimonio. La acusación particular, representada por los letrados Ana María Mejías y Mario Gil, solicita para los dos tasadores un año y seis meses de prisión, quince meses de multa con cuota diaria de 150 euros y la inhabilitación durante once años para las profesiones que desempeñan los dos tasadores imputados: arquitecto y agente de la propiedad inmobiliaria. El juzgado también les exige una fianza de dos millones de euros por «las responsabilidades pecuniarias que pudieran exigírseles» o se les embargarán sus propiedades por este mismo valor. La aseguradora Asemas y la entidad Arquitasa, la sociedad tasadora de los Colegios de Arquitectos de España, donde trabajaba uno de ellos, han sido declarados responsables civiles subsidiarios.
El proceso que ha llevado a los dos acusados José Francisco M. N. y Ramón José C. E. hasta el banquillo de los acusados tiene todos los elementos de una novela negra. El origen de esta historia es el reparto de una herencia familiar, con propiedades en las zonas más exclusivas de Valencia y Madrid, cuya valoración se dirimió ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia. Una de las herederas contactó con uno de los acusados, Ramón José C. E., como tasador de la sociedad Arquitasa. El acusado tenía el encargo explícito, supuestamente de una de las herederas de que «el precio final en la valoración del inmueble [de la calle Colón] fuera superior a la valoración del precio de mercado», según el escrito de la acusación, que ejerce otro de los herederos afectados por este asunto.
El otro acusado, José Francisco M. N. -agente de la propiedad inmobiliaria y abogado- fue propuesto como perito judicial para tasar los inmuebles de la herencia, a propuesta del juzgado y por la Oficina de Designación de Peritos del Decanato de los Juzgados de Valencia. Una designación «totalmente irregular», según la acusación particular, porque la misma oficina ya había designado como peritos a dos arquitectas, que nunca llegaron a participar en el litigio.
El arquitecto y el agente de la propiedad inmobiliaria se pusieron de acuerdo en la sobrevaloración del edificio para «engañar al juez [de primera instancia], y que éste realizara una media de las cantidades aportadas». El perito buscado por la heredera, «avalado por su trabajo en Arquitasa» valoró el edificio en 36 millones. El perito judicial, en «connivencia» con el otro acusado, rebajó el valor a 32,1 millones de euros, para que el juez eligiera un precio «intermedio» o el más bajo, como así sucedió.
Comprado por el dueño de Zara
De esta manera, el edificio que hoy ocupa la tienda Apple se valoró en 32 millones de euros, lo que obligó a uno de los herederos que participaba en la herencia a compensar con 15 millones de euros a sus otros dos hermanos. Pero en realidad el edificio valía mucho menos. Para hacerse una idea del alcance del engaño, el edificio Apple tuvo dos ventas posteriores a la tasación de la herencia: en la primera ocasión se vendió por 18 millones (sin rehabilitar y sin uso comercial) y en la segunda (ya reformado y con usos comerciales) fue adquirido por Amancio Ortega (el dueño de Inditex, propiedad de la cadena textil Zara) por 23,5 millones. Ortega compró el inmueble ya alquilado a la multinacional Apple.
El hermano «engañado» sospechó e inició una investigación que permitió descubrir, gracias a la participación de un detective privado, que Ramón José C. N. presentó al juzgado una tasación «realizada de forma fraudulenta y deliberada», según reconoció al investigador en una grabación. Registros policiales en los despachos de ambos acusados permitieron confirmar que actuaron de común acuerdo para inflar el precio del edificio.
