La jornada de ayer no invitaba a salir de casa pero aún así la asistencia a la asamblea general del Colegio de Médicos de Valencia fue mínima: 98 votos recogidos de un colectivo de 13.886 colegiados, o lo que es lo mismo, una representación que no llega al 1 % del total, lo cual es un claro exponente del escaso interés que entre los discípulos de Hipócrates despierta la institución que los representa.
El punto más discutido que fue el balance de la liquidación del presupuesto de los ingresos y gastos del año pasado y que fue el único que se votó fue el termómetro que dio a conocer que la reunión, por el número de concurrentes, era más de un vecindario que de un colegio profesional. Finalmente, las cuentas que presentó la presidenta Mercedes Hurtado salieron adelante por una mayoría aplastante de 91 votos y siete en contra, no hubo manos en la ronda de abstenciones.
La reunión no empezó con muy buen pie al discutir algunos de los asistentes el contenido del acta de la asamblea general anterior del 18 de diciembre de 2014. También generó controversia el sueldo que el colegio paga al asesor jurídico, si bien fue aprobado en la rendición de cuentas.
La auditoría realizada por la firma Grant Thornton International indica que el impago de un pagaré recibido por el colegio por importe de 500.000 euros y con vencimiento al 5 de septiembre de 2014 obliga a reclamar la restitución de la cantidad entregada, los perjuicios y, «podría llevar aparejado la solicitud de las responsabilidades oportunas por la firma del mencionado contrato.
También aconseja cobrar lo que se adeuda por el arrendamiento del hotel y cancelar las cuentas sin movimiento. Tras los ajustes económicos, el colegio tenía 6,1 millones en junio de 2014.
