La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación por la contratación irregular de cinco trabajadores en la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), según han confirmado fuentes del Ministerio Público a Levante-EMV. Entre las personas beneficiadas por estos contratos irregulares se encuentra una familiar directa del eurodiputado valenciano Esteban González Pons, según reveló el PSPV en 2013.
La investigación se ha abierto tras la denuncia del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) ante la Fiscalía Anticorrupción, aunque al final ha sido la Fiscalía Provincial la que se ha encargado del asunto y está «practicando diligencias de investigación», desde el pasado mes de marzo, cuando fue admitido a trámite el escrito de denuncia.
Los contratos que ahora están bajo la lupa de la Fiscalía Provincial de Valencia se realizaron durante la etapa como gerente de José Juan Morenilla, imputado en la macrocausa de Emarsa que empezará a juzgarse el próximo 2 de noviembre. A pesar de ser una empresa pública, Morenilla contrató a estas cinco personas «sin publicidad, mérito o capacidad, como personal laboral indefinido». Los fichajes no fueron para cualquier puesto de trabajo: se cubrieron de manera irregular la jefatura del departamento jurídico, un puesto de técnico jurídico en la misma área, otro técnico superior en el departamento de sistemas de información y un auxiliar administrativo en el departamento de gestión del canon. Del quinto empleo no se informa su ubicación exacta. Todos los contratos se suscribieron de forma indefinida, «a sabiendas de que eran ilegales», por indicación expresa del ex gerente, José Juan Morenilla y el que era director económico-financiero de la Epsar, Luis Navarro Pérez, según la información trasladada por el sindicato CGT a la Fiscalía.
Las irregularidades en las contrataciones de la empresa pública de saneamiento fueron detectadas por la Intervención General de la Conselleria de Hacienda. En el «Informe de Auditoría de cumplimiento de la legalidad» de los años 2010 y 2011 se advertía a la Epsar que Hacienda «no autoriza la creación de cinco nuevos puestos [de trabajo] desde 2009» y requería a la empresa pública para que «retrotraiga las actuaciones no autorizadas».
La Epsar, como cualquier empresa pública, ha de pasar por el filtro de la Conselleria de Hacienda que debe autorizar anualmente la «masa salarial» de la entidad, antes de una determinada fecha. Hacienda ya advertía en este informe de 2010 que «serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, o en contra de un informe desfavorable». La Epsar presentó su propuesta de masa salarial para 2010 con cuatro meses de retraso (debía hacerlo antes del 31 de marzo, pero aportó la documentación el 26 de julio). Tras rechazar Hacienda su propuesta de salarios, la Epsar insistió con dos nuevos informes del 20 de octubre y 8 de noviembre de 2010. Pero la dirección general de Presupuestos de Hacienda volvió a tumbar la propuesta salarial con otro escrito, de 3 de enero de 2011, en el que «se negaba la autorización de la paga de productividad y no se daba contestación al resto de cuestiones planteadas» por la Epsar. La empresa pública de saneamiento volvió a la carga en los presupuestos de 2011. Y Hacienda volvió a rechazar la propuesta de masa salarial de la Epsar exigiendo que justificara el abono de los salarios en 2009 de las cinco plazas no autorizadas, por valor de 170.667 euros, que volvieron a pagarse en 2010 por un montante de 182.419 euros.
De ahí que, en el ejercicio de 2012, la Epsar ni se preocupara de presentar ante Hacienda la solicitud de autorización de la masa salarial para ese año. Sí que presentó el informe preceptivo de los salarios en 2013, aunque igualmente cuatro meses fuera de plazo, que volvieron a ser alegados por la dirección general de Presupuestos. La Epsar respondería en enero de 2014 que «durante 2013 se han adoptado medidas de reorganización para su solución» que no fue otra, como ya contó Levante-EMV, que la legalización de la situación de cuatro de las empleadas que, hasta 2013, estuvieron cobrando sus salarios a través de los incentivos de personal.
