Una de las primeras medidas anunciadas por Joan Ribó tras ser elegido alcalde de Valencia el pasado 24 de mayo fue que los servicios de la grua y de la ORA o estacionamientos de pago „zonas azul y naranja„ dejarían de estar en manos privadas y el ayuntamiento asumiría su gestión. Un mes y medio después, el nuevo gobierno liderado por Compromís se ha topado con la realidad del elevado coste económico que tendrá para las arcas municipales esta medida,especialmente, en los casos donde los servicios ya han sido adjudicados y el consistorio tendría que indemnizar a la adjudicataria. Ante esta situación el ayuntamiento ha decidido prorrogar un año el contrato de la gestión de la ORA, que estaba en proceso de renovación y que preveía un significativo aumento de las plazas mientras se estudia la viabilidad del rescate.

Tampoco se tocarán de momento las contratas de la grúa, que se adjudicó antes de elecciones a la empresa Pavapark, ni la del procedimiento sancionador, que también se prorrogará. Así lo anunció ayer el segundo teniente de alcalde al término de la junta de gobierno, Jordi Peris.

El alcalde abundó ayer, durante su visita a las obras del carril para deportistas del Jardín del Turia, en la complejidad del rescate de las contratas municipales. Según Ribó, la «regla del gasto» defendida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les impide asumir funciones que darían más recursos al ayuntamiento. Joan Ribó, que el jueves se reunió con los alcaldes de Madrid y Zaragoza para plantear un frente común en materia de financiación ante el Gobierno, explicó que «la regla del gasto impide contratar a personas para trabajar en determinadas cosas y nos obliga a hacer una serie de contratos con empresas, en definitiva, a privatizar determinados servicios que nos gustaría municipalizar, como es el caso de los aparcamientos» en superficie que en ciudades como Madrid y Barcelona son gestionados por sus respectivos ayuntamientos. Ribó criticó ayer la «mentalidad privatizadora» del ministro Cristóbal Montoro al no dejarles contratar gente y no poder asumir servicios que les «obliga a privatizar». «El problema es muy serio» destacó el regidor, quien afirmado que su intención no es «municipalizarlo todo, pero aquello que es rentable sí», aunque esa regla no se lo permite.