El Ayuntamiento de Valencia se ha comprometido a trabajar por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y a instar al Gobierno central a la clausura de estos establecimientos.

Así lo ha manifestado el concejal de Cooperación al Desarrollo y Migración, Roberto Jaramillo, tras reunirse con representantes de la plataforma integrada por más de 30 organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en Valencia, impulsoras de la campaña por el cierre de los CIE, 'CIEs NO'.

El concejal se ha hecho eco de las reivindicaciones de esta campaña que "lucha para terminar con la represión de las personas migrantes y lograr el cierre de los CIE, donde la situación de las personas internas es infrahumana y atenta contra la dignidad", explica en un comunicado.

La citada campaña lleva más de cinco años con reivindicaciones y acciones para lograr el cierre de estos centros y más concretamente el de la calle Zapadores de Valencia.

"Oscurantismo"

"El oscurantismo sobre lo que allí ocurre, la indefensión de las personas presas que son expulsadas antes de poder acceder a procesos de justicia y la impunidad que la situación genera obliga a un Estado que se quiere de Derecho, a cerrar estos centros de la vergüenza", ha añadido el concejal, quien asimismo ha manifestado "el compromiso de las fuerzas de progreso que forman el gobierno de la ciudad que han apoyado esta lucha desde el inicio, porque no se puede tolerar que en una ciudad como Valencia se lleven a cabo prácticas que claramente están en contra de los Derechos Humanos".

"Así, obedeciendo al mandato de la ciudadanía instaremos al gobierno central para que cierre estos espacios y declararemos Valencia territorio libre de racismo, redadas racistas y CIE. Trabajaremos para que esta ciudad sea una ciudad refugio, donde todas las personas que viven y trabajan en Valencia tengan las mismas condiciones y estén en igualdad de derechos", ha asegurado el concejal.

Además, Roberto Jaramillo ha expresado su "malestar y preocupación por el informe emitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que suspende al Estado español, lamentando que España no cumpla con las obligaciones del Pacto Internacional".

"Principalmente, la práctica persistente de controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos, las condiciones que presentan los Centros de Internamiento de Extranjeros y el uso recurrente de la privación de libertad a inmigrantes en situación irregular".