El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha reabierto la causa contra Rita Barberá por incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica y ha preguntado a las Corts Valencianes si la exalcaldesa sigue siendo diputada autonómica o, como ha conocido por los medios de comunicación, ha sido designada senadora. De ello dependerá que el propio tribunal se declare competente en la causa o se inhiba en favor del Tribunal Supremo, que es el encargado de juzgar a los miembros de la Cámara Alta.

La denuncia contra Rita Barberá la presentaron el pasado 20 de abril el diputado socialista José Luis Ábalos, el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, y el abogado Eduardo Ranz. Según precisaron ayer, en Valencia hay al menos 32 calles con nombres de represores franquistas, 8 escudos preconstitucionales y un amplio cuadro de honores de dirigentes de la dictadura que vulneran la ley de la Memoria Histórica de 2007. Sin embargo, el Ayuntamiento de Valencia, con Rita Barberá a la cabeza, ha incumplido el mandato de la ley y se ha negado a retirar esos símbolos, lo que podría constituir un delito de desobediencia y una falta contra el orden público castigados con dos años de inhabilitación.

Esa primera denuncia se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, pero el tribunal se declaró incompetente porque en ese momento, debido a las elecciones, Rita Barberá no era diputada autonómica y, por tanto, no era aforada. Así pues, el 11 de mayo esa misma denuncia se presentó en el Juzgado de Guardia a sabiendas de que finalmente, cuando la exalcaldesa volviera a las Corts tras las elecciones, el caso acabaría de nuevo en el TSJ, como así ha sido.

Dado que ahora Rita Barberá es diputada autonómica y senadora y tiene doble aforamiento, el TSJ retoma el caso y pide a las Corts Valencianes que en el plazo de cinco días confirmen esa condición. Luego, decidirá sobre el tribunal que tiene la competencia, que puede ser suya por tratarse de una diputada autonómica, o del Tribunal Supremo por ser senadora. Según fuentes del PP, la intención de Rita Barberá sería renunciar en los próximos días a su acta de diputada y quedarse únicamente con la del Senado, lo que dejaría el caso en manos del Supremo.

Aviso a los cargos públicos

Para el diputado socialista José Luis Ábalos, el objetivo de esta denuncia no es Rita Barberá, sino llamar la atención de todos los cargos públicos para que cumplan la Ley de la Memoria Histórica y eliminen todo vestigio de uno de los conflictos más dramáticos de España». «Que se archive la causa o siga adelante es secundario», añadió.

Además de la denuncia contra Rita Barberá, hay otras dos denuncias presentadas contra el Arzobispado de Valencia por la misma causa. Una va por la vía penal contra monseñor Antonio Cañizares, al que se acusa de un delito contra la independencia del Estado penado con 3 años de inhabilitación. Y la otra va por vía canónica. De hecho, desde el 18 de julio pasado está en el Vaticano, lo que significa que en los próximos meses el Papa Francisco podría ordenar alguna medida en ese sentido.

Los impulsores de las demandas lamentaron que ni Rita Barberá ni Cañizares haya atendido sus peticiones.