Pareja que ronda los 30 años, con algún hijo a cargo y en paro o con alguna prestación que no supera los 600 euros. Ese es el perfil genérico de muchas familias de Orriols que han tenido que volver a vivir en casa de sus padres al no poder hacer frente al pago de una vivienda o un alquiler. Tres generaciones conviviendo e intentando hacerse un hueco en pisos de tamaño medio. Esta coyuntura ha llevado a parte de los vecinos de este barrio a movilizarse para dignificar su situación. «¿ Por qué tenemos que vivir así si hay viviendas vacías y cerradas?», se preguntan retóricamente.

El primer paso ha sido conformar una «Comisión de Pro Vivienda y Alquiler Social» y reunirse con el nuevo equipo de gobierno para exponer una serie de puntos que ven «prioritarios», como parar desahucios o controlar que los bancos cumplen con los pagos de comunidad, entre otras. Ven «fundamental» el papel de la administración municipal a la hora de interceder por los ciudadanos, pero no van a esperar al consistorio para empezar a moverse. «Nosotros no nos vamos de vacaciones. Queremos soluciones, y hay algunas que se pueden alcanzar a corto plazo. La situación lo requiere», cuenta a Levante-EMV MªCarmen Barceiro, presidenta de la Asociación de Vecinos de Orriols-Rascanya.

Una de esas medidas impostergable y urgente es realizar un mapa de las viviendas vacías del barrio, tanto en la parte antigua como en el PAI en el que se encuentran las viviendas más cercanas al campo del Levante UD. «Calculamos que hay cerca de mil pisos vacíos, sin usar, que podrían estar habitándolos perfectamente estas familias». La idea es que el ayuntamiento de Joan Ribó se siente a negociar con los bancos, propietarios de la mayor parte de estos inmuebles, y les arranque alquileres sociales.

«Estamos hablando de que algunas familias no pueden pagar ni 100 euros al mes. Tendría que estudiarse cada caso», explica Barceiro. Los vecinos pretenden sistematizar y realizar este estudio con el mayor de los rigores, con un trabajo de campo que están dispuestos a llevar a cabo de inmediato.

Rehabilitaciones

Además de la necesidad apremiante de encontrar un hogar para estas familias castigadas por la crisis, los vecinos exigen que se ponga en marcha un plan de rehabilitación de los inmuebles. «En muchas fincas no quedan casi propietarios, es el banco, por lo que no se acometen reformas», señala Barceiro, quien hace un llamamiento a los residentes de dentro y fuera del barrio para unirse a su causa. «No hace falta ser socio para involucrarse con este proyecto. Quien esté en esta situación y quiera luchar para cambiarla, es bienvenido», resalta la presidenta de esta asociación.

De momento, no han hecho más que empezar, pero la reunión con el gabinete de alcaldía y los próximos encuentros con las concejalas de Servicios Sociales (Consol Castillo) y Vivienda (María Oliver) les parece un muy buen punto de partida. Recuerdan, sin embargo, que más allá de mejorar la imagen «física» del barrio mediante rehabilitaciones, o aumentar la presencia policial para mitigar las situaciones de inseguridad que se dan en la zona, hay que desempeñar una labor social «imprescindible para que esas familias no continúen en esa situación dentro de tres años».