El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià pondrán el próximo jueves sobre la mesa de la ministra de Fomento, Ana Pastor, un dossier de infraestructuras pendientes por valor de más de 2.000 millones de euros. La infrafinanciación del Gobierno central respecto a Valencia, de la que ayer volvió a quejarse Ribó, ha supuesto para la ciudad el retraso de una infraestructura clave para la capital, el Parque Central. El gobierno de Rajoy aparcó el proyecto del túnel pasante, el canal de acceso y la nueva estación sine die con el argumento de que en tiempos de crisis económica no es prioritario un proyecto de mejora urbanística. Sin embargo, Fomento no ha dejado de invertir en estos años en otros proyectos de soterramiento similares al que ha aparcado en Valencia en ciudades como Vigo.

La inversión pendiente en el Parque Central asciende a 1.200 millones de euros. Antes del cambio de Gobierno, el ayuntamiento negociaba con Fomento un abaratamiento de la Estación Central, que en su día diseñó César Portela y que incluye una zona de uso terciario con la que se financiará en parte la operación.

Tanto Ribó como su socio de Gobierno, Joan Calabuig, exigieron en la pasada legislatura como infraestructura estratégica para el desarrollo de la ciudad el túnel pasante, que daría salida a todo el tráfico ferroviario.

Para el nuevo gobierno local el canal ferroviario y la estación pasante, que conectará la estación central con la línea Valencia-Barcelona y acabará con la actual disposición de fondo de saco de la estación, son prioritarios. Ribó también presionará a favor del corredor mediterráneo, que dará salida hacia Europa al tráfico de mercancías por ferrocarril y que reclaman desde hace tiempo los empresarios valencianos. De momento, lo único que han conseguido es un solución provisional: el denominado tercer hilo, cuatro veces más barata que el corredor y para muchos insuficiente. La infraestructura, que se ha demorado por problemas técnicos, se está ejecutando en la estación del Cabanyal.

Vinculado a esta infraestructura está la prolongación del túnel de Serrería, que ahora tendrá que soportar todo el tráfico ferroviario. Ribó y Sarrià quieren saber en qué punto está el proyecto de la prolongación del soterramiento de las vías, que salen a la altura de la calle Ibiza y que impiden conectar el PAI del Grao y el frente marítimo con la Alameda y la avenida de Francia. La prolongación de este tramo de vías tiene un coste de cien millones de euros, en parte pagados como cargas urbanísticas por los promotores.

El alcalde demandará inversiones para mejorar la posición estratégica del puerto, como el corredor mediterráneo, pero también para modificar el plan de usos del recinto del Grao, que proyecta una carretera con varias rotondas pegado al castigado barrio de Natzaret, que ya perdió su playa por la ampliación del puerto y que ahora reclama al alcalde que cumpla su promesa de hacer valer los intereses de la ciudad, en concreto, del barrio de Natzaret frente a los planes expansionistas del puerto en la frontera de la ciudad.

Otro asunto espinoso en la negociación con Fomento será el pago de la deuda de la Copa del América, aunque en este punto la negociación no es tanto de infraestructuras pendientes como del pago de las mismas. El anterior director general del Consorcio, puesto que todavía está pendiente de cubrirse, Pablo Landecho, intentó sin éxito sacar adelante un plan de refinanciación de la deuda, al que se opuso Cristobal Montoro. Ahora Ribó reclama al Gobierno que asuma la deuda del Consorcio (420 millones de euros) vía presupuestos.

Ribó y Sarrià también pondrán sobre la mesa de la ministra la urbanización de los cuarteles de San Vicente (10 millones de euros), una obra que debe ejecutar el Sepes. El consistorio remitió hace tres años al Sepes los informes favorables para la urbanización de ambos cuarteles (8,5 millones). Sin embargo todavía no hay partidas en los presupuestos para la obra.