El Consorcio Valencia 2007, concretamente sus deudas, se han convertido en el principal quebradero de cabeza del nuevo gobierno tripartito de Joan Ribó. La situación financiera del Consorcio „el organismo donde están administraciones estatal, autonómica y local„, responsable de gestionar y explotar la Marina Real Juan Carlos I, es muy complicada. En la actualidad, Valencia 2007 está generando unos ingresos cercanos a los seis millones de euros. Sus responsables consideran que el recinto podría ser autosuficente cuando todas las concesiones y negocios (tiendas, restaurantes, hoteles, industrias náuticas y espacios culturales) estén en marcha lo que supondría unos ingresos aproximados de 19 millones de euros. Sin embargo, la elevada deuda financiera a la que tiene que hacer frente Valencia 2007 estrangula la posibilidad de hacer rentable la marina real.
El agujero negro de la marina real tiene tres partes. El crédito de 420 millones de euros que concedió el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las obras de la Copa del América, el impago de las aportaciones patrimoniales que deben hacer las tres administraciones para pagar las nóminas y el gasto corriente del Consorcio y, por último, el crédito «swap» de 66 millones de euros que el ICO obligó a suscribir como seguro para hacer frente a la variación de intereses. Se trata de un polémico producto financiero, que algunas sentencias judiciales han anulado por constituir una cláusula abusiva y que los bancos colocaron en la época de vacas gordas cuando los intereses de los préstamos estaban muy bajos.
Ante la imposibilidad de pagar el crédito «swap» firmado con el Banco Santander, el Consorcio pidió a este mismo banco una póliza de seguro de nueve millones de euros a la que tampoco ha podido hacer frente. El Santander ha reclamado por vía judicial el pago de esa póliza. El juez autorizó antes del verano el embargo de las cuentas del Consorcio para cobrar un primer vencimiento de la póliza de 4,9 millones de euros. Quedan por pagar 4,1 millones de euros de la póliza que se repartirían en proporción de 40-40-20 entre el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento. El próximo 22 de octubre se cumple el plazo de la prórroga que el Gobierno pactó con el Santander para hacer frente al siguiente vencimiento de la póliza.
El crédito del ICO pese a ser el más importante es el que menos preocupa al ayuntamiento puesto que lo está pagando como avalista el Estado.
Una nueva prórroga
El principal quebradero de cabeza de Ribó es, no sólo las aportaciones patrimoniales anuales (el ayuntamiento aún no ha pagado los 600.000 euros que le corresponden este año), sino el crédito de 66 millones y, de manera más perentoria, su parte de la cantidad pendiente de pago de la poliza (unos 820.000 euros). El ayuntamiento reclama al Gobierno que negocie una nueva prórroga con el Santander, al menos hasta las elecciones cuando las tres administraciones deberán sentarse a negociar refinanciación de la deuda del Consorcio, algo fundamental para dinamizar la infrautilizada marina real.
