El masivo paro que sigue castigando a millones de trabajadores en el Estado provoca que parezca que estos duros años que llevamos de crisis económica hayan venido para quedarse de forma indefinida, torturando sádicamente a todas las personas que perdieron o pierden su empleo.
Lo que resulta verdaderamente sorprendente es el poco espacio que este tema ocupa en las agendas políticas desde el mes de mayo, más allá del intento desesperado del Gobierno de Rajoy de intentar convencer a esos millones de personas que las cosas están mejorando rápidamente. Es preocupante cómo se han ido olvidando buena parte de las actuaciones del PP en este tema en el conjunto de las administraciones valencianas, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de Valencia, durante su entrega total al ultraliberalismo de la Troika. Hay que insistir en que además de los casos de corrupción, que los hubo y muchos, existió una deliberada destrucción de puestos de trabajo, fruto de una desestructuración de la economía a todos los niveles para refundar un capitalismo sin límite ni trabas.
De esta manera, el 12 de enero de 2012, como regalo tardío de reyes y sin previo aviso a la plantilla, Rita Barberá procedió a cerrar la Televisión Municipal de Valencia, dejando en la calle a una veintena de trabajadores, aduciendo: «Lo siento mucho pero esta es la realidad que tenemos, y nos obliga a tomar medidas porque la televisión no es viable».
Con un presupuesto aprobado de 180.000 euros anuales, la anterior alcaldesa afirmaba que era imposible su mantenimiento por responsabilidad con la ciudad. Ese mismo día, la Junta Local de Gobierno aprobaba un presupuesto de 566.990 euros para adquirir ocho inmuebles en el Cabanyal, en el marco de los cerca de tres millones de euros que ese año el consistorio iba a destinar a la compra de inmuebles en el barrio, única y exclusivamente para su demolición en el caso que al final se hubiera prolongado la avenida Blasco Ibáñez. Se adelantaba la anterior alcaldesa a su correligionario en el Palau de la Generalitat, Alberto Fabra, cuando procedió a cerrar en noviembre de 2013 RTVV con argumentos similares e incluso más sonrojantes, como la necesidad de mantener la calidad en la educación y la sanidad.
Cierto es que la TMV pecaba de parcial con el PP y no tenía superávit, eso no admite discusión. Pero no lo es menos que ello era debido como casi siempre, a que su gestión era privada. La misma recayó, hasta 2009, en el constructor José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, quien se hizo con el control del TMV al adquirir las acciones de Canal 13.
Los trabajadores no eran por tanto el problema, sino las víctimas, como siempre, de un sistema económico inhumano que niega derechos fundamentales.
Por eso, es momento de plantear volver a dotarse de una televisión municipal y pública, que informe de manera objetiva y veraz de los problemas de la ciudad, respetando la pluralidad política y social de la misma, y que al reincorporar a sus trabajadores inicie la senda de una verdadera política pública contra el paro.
