El negocio de la grúa seguirá cayendo en Valencia el año próximo. El volumen de servicios de la grúa municipal ha caído un 35% desde 2008 y la tendencia parece que continuará a tenor de la previsión de ingresos para 2016 del Ayuntamiento de Valencia que calcula que tendrá 4,2 millones de euros menos de ingresos por retirada de vehículos de la calle, 2,8 millones menos que este año. Así consta en el borrador de los presupuestos municipales presentado por el gobierno del tripartito (Compromís, PSPV y Valencia en Comú), que también espera menos recaudación por multas de tráfico. Los ingresos previstos pasarán aquí de 8 a 6,5 millones.

Las empresas concesionarias del servicio de la grúa, que el año pasado pasó a manos de Pavapark (filial de Pavasal) tras varios años de gestión por parte de Servicleop, afirman que la reducción de ingresos se debe a varios motivos como la vejez del parque de vehículos y la necesidad continuada de reparaciones así como que el ayuntamiento no haya garantizado el mantenimiento de la plantilla de policías encargados de poner las denuncias que llevan a las grúas a realizar los servicios, lo que supondría menos personal estaría controlando si se cometen infracciones.

La política de la actual concejala de Protección Ciudadana, la socialista Sandra Gómez, no es la de reforzar el servicio de la grúa, es más ha anunciado su voluntad de que la grúa sea un servicio más amable. En la misma línea el nuevo gobierno local quiere acabar con la imagen de la policía local como un servicio con afán recaudatorio. De ahí que las nuevas restricciones aplicadas en materia de tráfico en la ciudad, como la limitación de velocidad en el centro histórico, no hayan ido acompañadas de campañas de multas sino de controles policiales de carácter disuasorio e informativos.

Tampoco está previsto que aumenten los ingresos por la tasa de ocupación de vía pública por mesas y sillas que se mantendrá el año próximo en 2,2 millones de euros.

La intención del nuevo gobierno es recaudar más por otras vías, como el aumento del IBI a determinadas actividades comerciales. Así lo explicó ayer el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Vilar, durante su participación ayer por la mañana en el encuentro digital de Levante-EMV. Vilar, quien dio por resuelta la crisis que generó la aprobación del presupuesto en el tripartito, aseguró que el ayuntamiento va a congelar los impuestos «para los usos residenciales y lo aumentará un 1% para determinado usos no residenciales con un valor catastral muy alto».

Ramón Vilar defendió en el chat la política de incentivar la bicicleta y la laicidad del alcalde, Joan Ribó, al que algunos lectores reprochan que «le importan más las medias estéticas o quitar crucifijos que ayudar a las familias». «Las creencias religiosas pertenecen a lo más respetable del ámbito privado», remachó Vilar, quien también respondió a las dudas de los lectores sobre la situación financiera del ayuntamiento. «Rita Barberá dejó las cuentas intervenidas por Montoro, pero no tengo inconveniente en afirmar que gracias a esta intervención no estamos directamente en la quiebra».