La alternativa barata para el Parque Central que el Ministerio de Fomento presentó ayer, tras 20 meses de estudio, a las administraciones valencianas durante la reunión del consejo de Consejo de Administración de la Sociedad Valencia Parque Central, fue rechazada de plano por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana. La alternativa que puso sobre la mesa el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, divide las obras pendientes en tres fases y reduce a la mitad el coste „de 2.800 millones pasa a 1.420„. Lo hace a costa de eliminar infraestructuras como las dos estaciones de Aragón y Universidades y de proyectar un túnel de acceso a un solo nivel „no en dos como estaba previsto„, más ancho (de 90 a 120 metros), que impide los cuatro rascacielos proyectados en las esquinas del parque, al afectar a su cimentación. Además de concentrar la edificabilidad para liberar zona verde las plusvalías de los rascacielos son clave en la financiación de la operación.

La propuesta de Fomento contempla tres fases, aún sin calendario. En la primera (273 millones de euros) se soterrarían las vías hasta el puente de Giorgeta, lo que permitiría unir los barrios de Malilla y Jesús y desarrollar la urbanización del bulevar García Loraca. En una segunda fase se soterrarían la estación de alta velocidad y la convencional en un único nivel y en fondo de saco (869 millones). Quedaría una tercera fase (557 millones) en la que las estaciones enlazarían con el túnel pasante que ejecutaría Adif, atravesando la ciudad hasta conectar con las vías de Castelló-Barcelona.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo, la conselleria de Obras Pública, María José Salvador, calificó la propuesta de «inviable técnicamente» y de «callejón sin salida». El alcalde, Joan Ribó, por su parte, no ocultó su enfadó con Fomento a cuyos responsables reprochó que hayan realizado una propuesta «unilateral» y que «supone empezar de cero» en un proyecto que se remonta a 1991 y que implicará un «grave retraso» de al menos cinco años. La alternativa advirtió Ribó ha obviado los rascacielos y tiene un grave impacto en el planeamiento urbano, que tendría que modificarse, así como en el propio jardín, cuyas obras ya han empezado en la zona más próxima a Russafa con un presupuesto de 15 millones de euros y que ahora podría verse afectado por una redistribución de la edificabilidad. Ribó añadía que habría que sumar 230 millones de la variación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la que obligaría la propuesta, que no contempla el párking subterráneo, la estación de Aragón y la universitaria.

Abaratar el proyecto

El secretario de Estado de Infraestructuras recordó que «hay un mandato de la sociedad», aprobado en la anterior legislatura, para abaratar el proyecto y calificó la solución propuesta como «la mejor técnicamente posible» para que la alta velocidad llegue soterrada a la ciudad». Tanto Ribó como Salvador reprocharon al Gobierno el retraso en presentar la propuesta, a lo que Gómez-Pomar replicó que es una propuesta hecha «con rigor» que «no se puede improvisar».

Ante la evidente falta de acuerdo, la sociedad acordó crear una comisión ejecutiva para buscar una «solución rápida» y un consenso tanto en las obras a ejecutar como en la financiación, otro de los caballos de batalla. El ministerio quiere ahora que la operación sea asumida al 50-25.25 por las tres administraciones, en función de su representatividad en el consejo de la sociedad, algo a lo que el ayuntamiento se opone.