El pleno del Ayuntamiento de Valencia pedirá al gobierno central el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores y pedirá a los cuerpos policiales que no identifiquen a las personas por su perfil racial. La propuesta, que parte de València en Comú, salió adelante con los cinco votos del Partido Socialista a pesar de que algunos de sus concejales habían expresado su disconformidad con el documento. Únicamente consiguieron introducir en la resolución final una salvaguarda de la profesionalidad de la Policía Local y que la concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, tomara la palabra en el pleno para abundar en esa defensa.
La propuesta, instada por València en Comú y firmada por los tres partidos del equipo de gobierno, abrió un fuerte debate en el seno del Partido Socialista, muy molesto ya con propuestas de sus socios de gobierno que tienen difícil encaje en su filosofía o su programa de gobierno.
Al menos dos concejales se opusieron a esta iniciativa por considerarla, según fuentes consultadas por este periódico, inoportuna por los atentados de París; electoralista por ir destinada a los votantes de València en Comú; e incluso contradictoria con su política de partido, que fue el que creó precisamente los centros de internamiento.
Estas quejas obligaron al portavoz socialista a intentar negociar con València en Comú una revisión del texto, intento que acabó en fracaso y que llevó a Calabuig a expresar su malestar ante el alcalde Joan Ribó.
Para contentar a los policías
Ayer por la mañana, antes del pleno, se acordó, sin embargo, introducir dos puntos para elogiar el trabajo de los policías pero sin tocar ni una coma del texto original. Suficiente para los socialistas.
En concreto, se añaden dos puntos para manifestar el «compromiso de desarrollar la labor de la Policía Local como factor de cohesión e integración social, desde el papel que le corresponde de operador social y jurídico de primer orden». Así mismo, impulsarán «la formación y preparación específica de la Policía Local en el tratamiento de los delitos de odio y discriminación racial o de cualquier otro tipo y programar planes de actuación específicos en colaboración con entidades sensibilizadas con esta problemática».
Por otro lado, la concejala de Policía, Sandra Gómez, del partido Socialista, tomó la palabra en el turno de intervención de Jordi Peris, portavoz de València en Comú, para garantizar que la policía cumple con la legalidad y es garante de la convivencia y la multiculturalidad, aparte de que la Ley de Extranjería no está entre sus competencias.
En la oposición, no obstante, insistieron en sus críticas y aseguraron que si alguien tiene conocimiento de identificaciones por motivos raciales debe llevarlo a la Fiscalía. Alfonso Novo, portavoz del PP dijo que «si el CIE es mejorable hay que mejorarlo, pero no cerrarlo», pues hay que garantizar el cumplimiento de la ley. «No hay libertad sin seguridad», dijo Novo, quien se preguntó por el papel que hace el Partido Socialista en esta moción cuando su líder nacional, Pedro Sánchez, ha firmado con Mariano Rajoy el Pacto contra el Yihadismo.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, afeó al equipo de gobierno que no hayan sido capaces de sacar adelante otra propuesta cuando no ha ninguna prisa para aprobar esta resolución. «Cuando algo está claro, no hay que aclarar nada, pero parece que entre ustedes no se ponen de acuerdo», dijo en referencia a las discrepancias entre el Partido Socialista y València en Comú.
Finalmente, se sometió a votación la propuesta original con los dos puntos antes señalados y salió adelante con los votos de todo el equipo de Gobierno, incluidos los cinco concejales socialistas.
