En el inacabable debate sobre la movilidad en la ciudad de Valencia son varios los puntos de vista que se ofrecen, muchos de ellos complementarios o transversales y otros que, a veces resultan antagónicos. Se plantean dicotomías de aparentemente irresoluble solución entre el sacrosanto coche, los peatones o los ciclistas y su lucha por tener un espacio más seguro de la ciudad a su disposición.
Lo cierto, es que no deja de ser un debate provocado por lo costoso que parece ser actuar contra el amo y señor de la movilidad en Valencia, restringido los accesos, la velocidad, dando más tiempo a l@s peatones para cruzar los semáforos, hacer más espaciosas las aceras, y fundamentalmente peatonalizar a un ritmo, que como proponía hace poco la AAVV y EUPV, consiga haber cerrado al tráfico rodado todo el centro histórico antes que acabe la legislatura.
Pero a la vez que ese debate se produce, está la realidad de los usuarios del transporte público, los cuales rara vez son tenidos en cuenta en el debate de la movilidad. Un colectivo sin la atención mediática que si tienen otros como ciclistas, motoristas, por no hablar de los conductores de coche particulares. En nuestro país el utilizar el transporte público siempre ha estado visto como una etapa a superar en el desarrollo personal, algo momentáneo hasta que llegara el momento soñado de adquirir un vehículo privado. En otras palabras, el transporte público, y colectivo no lo olvidemos, era la fotografía social de pertenencia a la clase trabajadora de la que había que huir como forma de demostrar que se había prosperado en la vida, en línea con los cánones de darwinismo social imperantes.
De ahí, que a pesar de las innegables mejoras realizadas en el transporte metropolitano, tanto en autobuses como en la red de Metro, lo cierto es que esa sensación de pertenecer a la segunda división se tiene permanentemente entre los que utilizamos esa forma para desplazarnos por la ciudad. No se puede negar que el transporte público siempre está más relacionado con los debates presupuestario y de gestión de servicios que en de la movilidad. Empresas públicas que se han ido endeudando por la falta de inversión pública, privatización de su gestión, una flota que envejece a un ritmo mayor que el de su renovación, con sus usuarios de testigos silenciosos.
El caso de Valencia y su área metropolitana no es una excepción, más bien confirma la regla. Ahí tenemos una EMT que en los últimos años ha sufrido un recorte de su presupuesto año tras año, que ha llevado a que el ayuntamiento debiera acudir en su ayuda para así poder cubrir necesidades tan perentorias, tales como poder pagar el combustible o las nóminas de los trabajadores. El servicio evidentemente se ha resentido de manera objetiva, como de forma permanente denuncian desde el Comité de Empresa, con menos autobuses, menos plantilla, reducción de líneas cuando no su supresión directa, como la línea 3 que llegaba al barrio de Natzaret, que a su vez ha perdido su conexión con Metro por cierto. Por no hablar de la frecuencia de paso, que en algunas líneas supera lo tolerable.
Por ello, si realmente se quiere pacificar el tránsito en Valencia, tendrá que haber una apuesta inversora decidida en la EMT, con frecuencias de paso lo más reducidas posibles, o recuperando recorridos como el que hace ahora Metrorbital, para que las campañas de no desplazarse en coche sean creíbles, y que los vecinos de la ciudad sepan que nada hay más cómodo, ecológico y seguro que desplazarse en autobús público.
