El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha respondido al recurso de dos de los licitadores para el contrato de Piscina Valencia, interpuesto tras la decisión de la Junta de Gobierno Local de 2 de octubre de paralizar el procedimiento para estudiar con más profundidad el caso, y ha afeado al consistorio la "ausencia de razonamiento que justifique la decisión adoptada".

"El órgano de contratación del Ayuntamiento de Valencia no ha fundamentado su renuncia en la desaparición o modificación del interés público cuya satisfacción es lo que justifica el contrato"", explica el tribunal en su decisión, que asegura que el acuerdo de renuncia ha de estar "debidamente motivado y fundamentado en circunstancias excepcionales" para que el interés general "justifique la quiebra del principio de buena fe y lealtad de las partes, sin que pueda limitarse a apuntar de modo genérico a la existencia de un interés público".

Así las cosas, el PP ha presentado una moción al próximo pleno en la que pide al consistorio que continúe con el procedimiento de contratación para la gestión del servicio público con ejecución de obras de rehabilitación de la zona deportiva de Piscina Valencia. El contrato tiene un valor de 3,1 millones de euros y se iba a adjudicar por 50 años después de la decisión del anterior gestor, Hosva S. A., propiedad de la familia Barrachina, de cerrar la instalación en junio de 2014.