En agosto de 2013 entró en vigor la nueva ordenanza municipal sobre el ejercicio de la prostitución en la vía pública, una norma que salió con los votos a favor del PP y PSPV, y con la oposición de Compromís y Esquerra Unida. El debate sobre la regulación se reavivó ayer durante la presentación del informe «Identificación sobre la realidad de la prostitución en el área metropolitana de Valencia», elaborado por la ONG Médicos del Mundo. La organización no gubernamental exigió la retirada de la ordenanza, al considerar que vulnera los derechos de las personas. Al término del acto, la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano, aseguró a este periódico que trabajará «para revisar esta ordenanza porque Compromís llevaba en su programa derogarla, entre otras cosas porque no somos partidarios de las sanciones».
La declaración de intenciones de la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas abre uno de los previsibles elementos de fricción entre los socios de gobierno. Compromís quiere «adecuar a la realidad» la ordenanza de prostitución, mientras que el PSPV, que votó a favor, es previsible que mantenga su posición ahora. En todo caso, Lozano aseguró que la revisión de la norma «es una de las cuestiones que tenemos que mirar» y que hasta ahora no habían planteado. Significa pues que en el gobierno del tripartito tendrá que negociar para que la ordenanza satisfaga a todos las corrientes políticas.
El principal punto de fricción es la cuestión de las sanciones. La actual ordenanza en vigor establece multas leves, graves o muy graves, desde 300 euros hasta 2.000 euros, por «ofrecer, solicitar, negociar y/o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público, cuando estas prácticas supongan limitar la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público». Es decir, se multa tanto a prostitutas como a clientes.
Conductas prohibidas
Sin embargo, las sanciones solo se imponen tras un apercibimiento a la prostituta y al cliente. «Los agentes de autoridad requerirán a los presuntos infractores para que cesen en su conducta, advirtiéndoles de que las mismas están prohibidas y de que, de persistir en su actitud, además de denunciar su conducta (?). Si con posterioridad de haber efectuado el requerimiento los agentes observaran a las personas requeridas realizando alguna de las conductas prohibidas el Agente de Autoridad procederá a denunciar al presunto infractor/a», reza textualmente la ordenanza.
Fuentes del gobierno tripartito recordaron ayer a este periódico que, en todo caso, las competencias para prohibir o no el ejercicio de la prostitución es una competencia del estado y no de los municipios que tan solo pueden regular su presencia en la vía pública. Existe pues un limbo legal que no soluciona la cuestión.
