La concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, pidió ayer ayuda a la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, para priorizar el trámite de las denuncias por ocupaciones ilegales en el Cabanyal, de las que ya se han presentado una docena. A juicio de la concejala, «se trata de un problema general» que afecta gravemente a la convivencia de los vecinos, pues se tienen contabilizadas hasta un centenar de casos en todo el barrio, precisó.

Sandra Gómez entiende que el asesoramiento de la Fiscalía y su influencia en el funcionamiento de la Justicia pueden ser muy importantes. En concreto, Sandra Gómez quiere abordar, según explicó, el problema de las ocupaciones con «K», las que han hecho grupos antisistema que organizan fiestas y generan importantes molestias a los vecinos. A estos se les ha llegado a ofrecer un bajo alternativo, pero «no quieren aceptar nada de la administración», lo que ha obligado a imponer la correspondientes denuncias. Una docena, dijo.

Con el resto de ocupantes, que son familias en situación de exclusión social, se trabaja de un modo diferente, con mucha mediación y con la intervención de los servicios sociales.

En la conversación de ayer, por tanto, se habló preferentemente de las primeras y la petición de la concejala de Protección Ciudadana es que las denuncias que van presentando tengan prioridad y vayan, a ser posible, a un mismo juzgado. «Nos preocupa que cada una tenga un trato diferente y tarden uno o dos o tres años como el resto de los asuntos judiciales», explicó Gómez, que recuerda que es un «problema general» cuyo trato debe ser «conjunto».

Ante estas peticiones, Teresa Gisbert, además de tomar conciencia del problema, recomendó a las autoridades municipales que en esas denuncias hagan constar siempre esas circunstancias para que se tengan en cuenta a la hora del reparto y el tratamiento.

«En el Cabanyal se ha instalado un modo de vida que genera muchos problemas a los vecinos y que necesita una sensibilidad especial», reiteró Sandra Gómez.