La Audiencia de Palma ha reclamado al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia que aporte en el juicio del caso Nóos, que se inició este lunes con las cuestiones previas, el escrito de los servicios jurídicos del consistorio y firmado por el jefe de los letrados del Ayuntamiento de Valencia que concluye que la naturaleza de la Fundación Turismo Valencia (FTVCB) es "inequívocamente pública".
Así, lo han dado a conocer este martes en rueda de prensa el portavoz del grupo municipal socialista, Joan Calabuig, y la concejala Sandra Gómez para valorar el juicio por el caso Nóos, en el que están personados como acusación particular. Calabuig ha destacado que han salido "reforzados" en su actuación para "defender los intereses de Valencia" frente a la anterior gestión de la exalcaldesa Rita Barberá y su vicealcalde Alfonso Grau, que "priorizaron que Iñaki Urdangarin era un miembro de la Casa Real para su propaganda personal y proyección política".
Grau se sienta en el banquillo por haber cometido presuntamente cuatro delitos -- malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial-- en relación con el papel que habría desplegado en las negociaciones de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los denominados Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.
De hecho, la Audiencia de Palma, en un auto, apuntaba al vicealcalde como el "impulsor de la concertación" entre la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) y Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) -entidades que rubricaron los acuerdos-, y que "participó en la misma tanto de modo activo como por omisión, pese a ostentar una posición de garante de los fondos públicos que manejaba la FVCB".
Gómez ha explicado que este escrito de los servicios jurídicos fue encargado por el grupo socialista cuando cambió de color la corporación municipal para conocer la naturaleza jurídica de esa fundación y el equipo jurídico concluyó que "inequívocamente" era "pública".
Por tanto, "viene a demostrar" que si Grau "nunca tuvo conocimiento claro cuál era la naturaleza de la fundación tan sólo tenía que hacer lo que hicimos nosotros: una consulta a los servicios jurídicos de este Ayuntamiento".
De hecho, ha señalado que la defensa de Grau volvió a repetir que la Fundación era de naturaleza privada y ha criticado que volviera a "intentar despistar y poner cortinas de humo" con sus afirmaciones de que se les han denegado pruebas cuando "estaban al margen de los intereses del procedimiento".
Al respecto, ha considerado que si FTVCB funcionaba de manera privada era "porque había un interés de que la Fundación fuera el instrumento de la anterior corporación del PP que serviría de fuga de dinero público para servir a sus intereses personales y a sus intereses políticos".
Por ello, ha recalcado que este escrito "refuerza mucho su posición" y ha lamentado que el abogado de Grao tratara durante la jornada de ayer de la vista, en la que debían abordarse las cuestiones previas, a cuestiones de fondos y se ha mostrado segura de que "no tendrán ningún acontecimiento por parte de la Audiencia". "Nosotros salimos bastante reforzados y con ganas de que el 9 de febrero dé comienzo el juicio", a recalcado.
Camps y Barberá
Asimismo, ha recordado que hicieron "todo lo que estaba en sus manos contra viento y marea" para conseguir la imputación del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ya que fueron ellos los que participaron en una reunión en Zarzuela en la que "se decide contratar estos convenios con Nóos".
No obstante, ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana no lo creyó así en un auto "de tan sólo ocho páginas" pese a que los escritos de solicitud de imputación, en el que había "una clara prueba indiciaria", constaban de más de 100 páginas.
"El Tribunal Superior tiene muchas razones jurídicas para imputarlos pero se ve que había muchas razones políticas para no hacerlo", ha señalado Gómez que ha explicado que contra esta decisión no cabía recurso.
En esta misma línea, ha dudado de que durante el juicio Camps y Barberá puedan ser imputados, aunque se podría plantear, ya que al ser la exalcaldesa actualmente senadora está aforada y creo "que en la práctica la Audiencia Provincial, por no volver a pasarlo al Supremo liquidaría la propuesta", ha barruntado.
