El Ministerio de Hacienda respondió ayer a las críticas lanzadas en los últimos días por el alcalde de Valencia y presidente del Consorcio Valencia 2007, Joan Ribó, por el «desinterés» del Gobierno central en la marina real Juan Carlos I. Algo que ayer volvió a evidenciarse tras el plantón de los vocales de la Administración central en la reunión del consejo rector «virtual» convocada por Ribó para solucionar dos contratos urgentes, la vigilancia y el mantenimiento de la marina real.
El ministerio de Montoro recordó que el consorcio está «endeudado con el Estado por contribuciones pendientes» del Ayuntamiento y la Generalitat, en alusión a las aportaciones patrimoniales que las tres administraciones implicadas en el consorcio están obligadas a realizar anualmente para el funcionamiento del organismo, e instó a estas dos instituciones a «dar viabilidad financiera» si quieren que se siga contratando.
Ribó en cambio cargó en el Gobierno «toda la responsabilidad» de no poder «avanzar» en la gestión con normalidad de este estratégico espacio del frente marítimo, donde una resolución judicial acaba de autorizar al Santander a embargar las rentas de todas las concesiones para cobrarse 12 millones de euros de deuda.
El Gobierno, que instó a Ribó a desconvocar el consejo ante la interinidad del Ejecutivo, aseguró que «no tiene sentido que se estén dando soluciones cuando no está resuelta la financiación». «El Estado pone su parte, pero también es necesario que lo hagan la comunidad autónoma y el Ayuntamiento; si quieren seguir adelante contratando hay que dar viabilidad financiera».
En los estatutos del Consorcio se recoge la obligación del Estado y la Generalitat de aportar anualmente 1,5 millones de euros, respectivamente, al Consorcio, y del consistorio de trasnferir 600.000 euros. Obligaciones que no siempre se han cumplido.
