El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, cerraron filas ayer para defenderse de las acusaciones del ministro Montoro, quien el martes les reprochó que tenían deudas pendientes con el Consorcio Valencia 2007 instándoles a pagarlas para «dar viabilidad» al organismo que gestiona los edificios y espacios construidos en el puerto de Valencia para la Copa del América. Soler (PSPV) y Ribó (Compromís) esgrimieron las facturas que demuestran que están al día en los pagos de sus correspondientes aportaciones patrimoniales al Consorcio (1,5 millones la Generalitat y 600.000 euros el ayuntamiento), al tiempo que cargaron contra el Gobierno de Rajoy por «mentir» y «boicotear» la dársena.

El Gobierno se negó el martes a aprobar dos licitaciones básicas de la marina real, tensando más si cabe las relaciones con las administraciones valencianes que le reprochan la falta de respuesta del Gobierno para negociar con el Santander el embargo de las cuentas e ingresos del Consorcio que abocan casi a la quiebra a este organismo.

Las administraciones valencianas acusan al Ejecutivo central de «ningunear los intereses» de los valencianos. Pese a que el Consorcio Valencia 2007 se ha demostrado una fórmula de gestión poco ágil por las continuas desavenencias entre las administraciones que lo integran, tanto Ribó como Soler se mostraron ayer partidarios de mantenerlo vivo. Ambos confían en que el nuevo gobierno absorba la totalidad de la deuda del Consorcio, como se ha hecho en otros grandes eventos como la Expo de Sevilla o las Olimpiadas de Barcelona. El Consorcio arrastra una deuda de 440 millones de euros de deuda, a la ue hace frente en su mayor parte el Estado como avalista, si bien queda una parte (66 millones de una póliza de crédito) que no asume el Ejecutivo y que asfixia al Consorcio. Soler aseguró para que la marina real pueda ser una alternativa turística y de innovación «viable», el Gobierno debe asumir también esa deuda.

Freno a la innovación

Para el conseller lo que ocurre en la marina real es «una muestra más del trato impresentable del Gobierno hacia Valencia».Ribó explico que el 12 de mayo acaba el contrato de seguridad y en agosto el de mantenimiento. Si el Gobierno no corrige la situación, advirtió el alcalde, «Montoro será el responsable de que no haya seguridad» y se pierda el patrimonio. Ribó defendió la importancia de la dársena como punto de conexión al mar y de cluster de innovación y de atracción de empresas para generar empleo, algo que se ha visto frenado. «Es un elemento de boicot intencionado a Valencia», subrayó Ribó.