Los seis trabajadores despedidos de la Fundación InnDEA y las Naves han presentado una demanda laboral contra el Ayuntamiento de Valencia para solicitar la declaración de nulidad del despido y el reingreso en sus puestos de trabajo. La demanda de los empleados despedidos se sumaría a las reclamaciones que han presentados varias de las personas que optaron a las plazas convocadas por el nuevo equipo de gobierno que se han quedado fuera del proceso y que no estarían de acuerdo con los criterios de selección y baremación aplicados.
El gerente de la Fundación, Rafal Monterde, no respondió ayer a las llamadas de este diario para conocer los detalles de las reclamaciones.
Los trabajadores despedidos, entre los que se incluyen familiares de concejales del PP, como la hija de Francisco Lledó pero también personas sin aparente filiación política que llevan más de 15 años trabajando en el campo de la innovación, consideran que han sido despedidos de manera «injusta» ya que las plazas que supuestamente se iban a amortizar han sido nuevamente convocadas, tras un reajuste en los perfiles, y ocupadas por personal afín a EU y a Valencia en Comú. Los afectados lamentan el «nepotismo» que, a su juicio, han demostrado los nuevos gestores de la fundación, que depende directamente de la concejalía de Participación de Jordi Peris (Valencia en Comú).
Los seis trabajadores afectados acudieron hace unas semanas al acto de conciliación previo a la interposición de la demanda, al que ningún responsable del ayuntamiento ni de la fundación acudió. Tras el frustrado acto de conciliación, los afectados ya han interpuesto la denuncia en el juzgado de lo social, que les ha citado para 24 de enero de 2017. Más cercana es la citación judicial para resolver la demanda por despido disciplinario interpuesta por una de las ex trabajadoras de InnDEA. Su situación es distinta al resto, que fueron objeto de un despido objetivo, ya que ella estaba contratada por la citada fundación pero trabajaba en otra delegación, concretamente en Urbanismo, desarrollando un proyecto europeo.
Los trabajadores han solicitado subsidiariamente la declaración de improcedente de los despidos, lo que permitiría aumentar la indemnización recibida por el despido objetivo argumentando que no tenían capacidad para cubrir los nuevos perfiles técnicos exigidos en la fundación. Los ex empleados de InnDEA consideran que por su experiencia podrían haber tenido encaje en el nuevo organigrama de la fundación, sin embargo, la mentan que no se les haya dado la oportunidad de demostrarlo.
En la fundación se han eliminado las plazas de dirección estratégica, auxiliar administrativo, técnico de comunicación, técnico de protocolo, técnico de universidades y técnico de vigilancia y se han sustituido por las de coordinador de comunicación, coordinador de análisis de políticas, técnico de empleabilidad, especialista en igualdad, técnico financiero, técnico en innovación social y técnico en economía social.
Como se ha publicado, el nuevo concejal de Participación, Jordi Peris, y el gerente de la fundación, Rafael Monterde, quieren dar un giro a la fundación InnDEA hacia la innovación social. Una de las primeras decisiones que se ha tomado, al margen de los cambios en la plantilla, ha sido la renovación de los equipos informativos de la fundación, que según apuntan los actuales responsables estaban obsoletos y no son los adecuados para que la fundación pueda desarrollar su cometido de manera digna y eficiente.
