La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá insinúa que la investigación sobre el presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal popular, denuncia anónima incluida, se debería a una campaña que estaría presuntamente orquestada por su antiguo lugarteniente y mano derecha, Alfonso Grau, en represalia por relegar a Maria José Alcón de la lista del PP. Es la tesis que se desprende del escrito que la abogada de Barberá presentó ayer al Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, para eludir el «paseíllo» para ir a declarar a la Ciutat de la Justicia, como le ofreció el juez al levantar el secreto del sumario, por ser aforada.

Barberá admite que hizo la donación de los mil euros al Partido Popular de Valencia para la última campaña electoral, pero niega el presunto blanqueo. «En ningún momento se me devolvió dicha cantidad, en consecuencia es absolutamente falso lo dicho en torno a los dos billetes de 500 euros», asegura en el escrito. La actual senadora popular se desmarca de la decisión de reclamar la aportación de mil euros, petición que descarga en el comité de campaña electoral en el que ella no participó porque estaba muy atareada cumpliendo sus funciones de «candidata» y alcaldesa que «colmaban en exceso» su tiempo «sin opción alguna de interesarse por cualquier otro asunto y menos de los que estaban sobradamente atendidos por el comité de campaña».

La exalcaldesa, que demuestra un conocimiento al detalle del sumario, pasa al ataque al desacreditar los testimonios de los cuatro asesores que se negaron a pagar los 1.000 euros porque se olieron el blanqueo, según han declarado. «Todos ellos se encuadraban en el equipo de la vicealcaldía [que ocupaba Alfonso Grau]. De ser ciertos lo manifestado y ante la alarma que dicen haber experimentado, parece lógico que se hubieran dirigido de forma inmediata al vicealcalde, por cercanía y confianza, en el convencimiento de que éste lo hubiera trasladado» a la misma Rita Barberá. «Jamás se dijo que el grupo de asesores dudaran de la operación de donativos» y justifica que ellos no pagaran los mil euros porque «su protector no iría en la lista». Acto seguido la senadora popular aclara que su relación con Grau no se rompió tras la dimisión de su mano derecha por el caso Nóos, en marzo de 2015. «La relación con el vicealcalde se interrumpió a partir de una primera asignación de un determinado puesto en la lista electoral a un familiar directo [en alusión a Maria José Alcón] y la posterior baja en la misma por la publicación de unas comprometidas conversaciones».

Por ello, la senadora popular destaca que «ocho meses después» es cuando los asesores reaccionan y se produce «una campaña» que achaca, sin nombrarlo, a Alfonso Grau, al reproducir declaraciones textuales del exvicealcalde a la prensa o grabadas por la Guardia Civil: «Cada uno que cargue con su cruz; mi mujer no ha tenido respaldo absolutamente de nadie y está comiéndose el marrón; se ve le que se le quema el culo ( a la alcaldesa) pues que se le queme que ya está bién». La ex alcaldesa incluso desliza que el anónimo a la Fiscalía Anticorrupción que denuncia el presunto blanqueo «se produzca dos días después» de la grabación telefónica a Maria José Alcón y su hijo en la que ésta explica la mecánica del «pitufeo».

Por último, el escrito de Barberá lanza un órdago a los investigadores para negar que bajo sus 24 años de alcaldía se hubiera producido «ningún amaño en adjudicación alguna, trato de favor a nadie, cobro de comisiones de terceros o eso que se ha calificado de "mordidas"», término cuyo significado la senadora asegura desconocer. «Nada se le puede reprochar» a Barberá, según su abogada, «al no detectar presuntos hechos acontecidos en alguna concejalía, cuando profesionales de la investigación, fiscales, periodistas o "yonkis arrepentidos" no alcanzan conclusiones definitivas» que «no se han concretado judicialmente» y que «hoy pese a la colaboración de algún autor, siguen sin resolverse».