El concejal de Desarrollo Urbanístico, Vicent Sarrià, y la inmobiliaria Guadalmedina (familia Ballester) han iniciado las negociaciones para dar una solución extrajudicial al embrollo urbanístico formado a raíz la anulación «por especulativa» de la permuta de la Tabacalera, impulsada por el anterior gobierno municipal del PP. «Estamos buscando una solución para poder ejecutar la sentencia porque siempre hemos dicho que la permuta fue un atraco», explicó Sarrià.
El concejal socialista, cuyo grupo municipal criticó con dureza la operación calificándola de «pelotazo urbanístico», ha ofrecido a la inmobiliaria la posibilidad de transferir el aprovechamento urbanístico de la parcela de uso residencial pendiente de urbanizar en la Tabacalera (alrededor de 16.000 metros cuadrados) a una parcela municipal ubicada en otro punto de la ciudad, aún por concretar, aunque se barajan varias ubicaciones. En contrapartida, el ayuntamiento pide a la empresa que retire el recurso de casación interpuesto en el Tribunal Supremo contra la sentencia que anula la permuta.
El ayuntamiento, ahora gobernado por un tripartito formado por Compromís, PSPV y Valencia en Comú, quiere evitar a toda costa que esta patata caliente urbanística se judicialice y apuesta por resolver el desaguisado por la vía del diálogo, ahorrándose posibles indemnizaciones millonarias. Como consecuencia de la sentencia, el ayuntamiento también tendrá que asumir la reconstrucción de la nave trasera de la fábrica.
Viviendas de alto «standing»
Para facilitar el acuerdo con Guadalmedina el ayuntamiento también está dispuesto a dar cobertura legal, dentro de la revisión pormenorizada del PGOU, a las 250 viviendas de alto «standing» que han quedado fuera de ordenación en Micer Mascó y en la plaza de América y entre cuyos vecinos hay conocidos empresarios, médicos y abogados valencianos. La sentencia que anula la permuta de la Tabacalera cuestiona el derribo de las naves traseras de la fábrica, recayentes a Micer Mascó, para construir dos bloques de viviendas de lujo „de los que solo se ha ejecutado uno„.
La sentencia del TSJ se hizo pública en enero pasado, una década después de que Salvem Tabacalera recurriera el convenio urbanístico entre el ayuntamento y la promotora que propició para la segunda un negocio urbanístico cercano a los 200 millones de euros, según calculó en su día el grupo socialista.
Menoscabo patrimonial
En su recurso, Guadalmedina defiende la legalidad del convenio suscrito en su día con el ayuntamiento y la validez de las contraprestaciones establecidas. Salvem Tabacalera, sin embargo, denunció el menoscabo patrimonial que supuso la permuta para las arcas municipales ya que el edificio municipal se valoró tres veces por debajo de los precios de la zona, una de las más caras de la ciudad.
