La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado esta mañana la convocatoria de siete bolsas de trabajo destinadas a la contratación de maestros para las escuelas municipales, en las que podrán empezar a trabajar, según lo previsto, el próximo 1 de septiembre.
Las bolsas de trabajo corresponden a las titulaciones de Educación Infantil, Educación Primaria, maestro de Audición y Lenguaje, Educación Física, Educación Musical, Maestro de Inglés, y Educador Infantil, según un comunicado del Ayuntamiento de Valencia.
Hoy se ha aprobado la constitución de la bolsa, cuya convocatoria se publicará el próximo lunes, con el objetivo de efectuar las pruebas a lo largo del mes de julio, de manera que el 31 de agosto las bolsas queden cerradas y los seleccionados puedan comenzar a trabajar con el inicio del curso escolar.
Para el segundo teniente de alcalde y concejal de Innovación y Participación, Jordi Peris, se trata de "una iniciativa que está en la línea del esfuerzo y la apuesta decidida por la educación pública de calidad, y en respuesta al compromiso que tenemos como equipo de Gobierno con las escuelas municipales",
Peris se ha referido asimismo al "periodo muy largo de deterioro y olvido" que, a su juicio, han sufrido las escuelas municipales con el anterior equipo de gobierno, una situación que, ha asegurado, el Ayuntamiento está "tratando de revertir".
Asimismo, la Junta ha aprobado en la sesión de hoy un convenio de colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, complementario del Programa Operativo de Inclusión Social del Fondo Social Europeo con el que trabaja esta entidad.
El objetivo del convenio, cuyo presupuesto asciende a 30.000 euros, es mejorar la inclusión sociolaboral de las personas de etnia gitana mediante una serie de programas específicos vinculados a la mejora del acceso al mercado laboral, la participación de las mujeres, y la formación básica y profesional.
Asimismo, se busca la sensibilización y compromiso de las empresas para la contratación de personas de etnia gitana, así como el acceso y normalización en el uso de los servicios públicos, y la mejora de la imagen social negativa del colectivo.
