La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia acordó ayer el cambio de las normas urbanísticas para dar un trato diferenciado a los apartamentos turísticos. A falta de conocer el detalle de esos cambios, el primer teniente de alcalde y responsable de Turismo, Joan Calabuig, avanzó que se evitará la saturación de los barrios más afectados, como Ciutat Vella o Russafa, y que se informará a la policía de todas estas instalaciones para que pueda actuar en caso de incumplimiento de la norma. La confección de ese reglamento durará un año aproximadamente y en ese tiempo habrá una moratoria de facto para los establecimientos que ya están en funcionamiento. Sólo se actuará con la ley en la mano en caso de incidente.

En la actualidad, los apartamentos turísticos son uno de los principales quebraderos de cabeza del ayuntamiento, pues su número se multiplica y no hay una normativa que los regule específicamente, lo que ha hecho aumentar la ilegalidad y las molestias a los vecinos. Sólo en Ciutat Vella las distintas organizaciones vecinales aseguran que hay 700 apartamentos legales y 2.500 ilegales, una cifra que, a su juicio, resulta insoportable. Esta misma semana, de hecho, han iniciado una campaña que consiste en señalar con carteles y pancartas las irregularidades de la zona.

Ayer, después de varios meses de conversaciones con diferentes representantes del sector y después también de haberse conocido una sentencia que da la razón a las empresas de apartamentos expedientadas (no pueden tener el mismo trato que un hotel), la Junta de Gobierno Local decidió impulsar oficialmente el cambio del reglamento.

Según explicó Joan Calabuig, ese reglamento tratará de compatibilizar una actividad que «es buena para la ciudad» y que no tiene marcha atrás con el derecho al descanso de los vecinos. «Haremos todo lo posible por respetar a los vecinos, pero esto es una nueva realidad y hay que dar respuesta», señaló.

Por el momento, Calabuig no precisó el contenido de este reglamento, pero dijo que una de las cuestiones que tratará de impedir es la saturación de algunos barrios de la ciudad como Ciutat Vella, el más afectado, y otros como Russafa. Esto ya se viene haciendo con los locales de ocio para evitar los ruidos y molestias.

También se informará a la Policía Local de la apertura de estos apartamentos para que puedan intervenir en caso de problemas y actuar en consecuencia desde el punto de vista administrativo.

Un año de trabajo

Ahora se abrirá un proceso participativo, en el que tendrán voz los vecinos y las empresas del sector, con la finalidad de que en un año aproximadamente esté en marcha el nuevo reglamento.

Entre tanto, el Ayuntamiento de Valencia seguirá aplicando la ley actual, merced a la cual se han abierto al menos 17 expedientes a otras tantas viviendas turísticas. Eso sí, Calabuig admitió que en los servicios municipales no hay personal suficiente para hacer el trabajo de inspección y denuncia y que tampoco será una prioridad del consistorio en los próximos meses, lo que en la práctica se traduce en una especie de moratoria encubierta.

«No será una normativa hostil», dijo Calabuig. Hay sentencias que dicen que la libertad de iniciativa debe existir y sólo se puede evitar por razones muy justificadas», añadió el concejal, quien puso como ejemplo el teléfono móvil. «Está claro que necesita regulación, pero nadie se plantea acabar con ellos».

A su juicio, la normativa urbanística puede tener un papel regulador fundamental y «desde luego, lo que no se puede hacer, ni queremos hacer, es impedir esa actividad», sentenció.