La Comisión de Investigación del Caso Taula, creada por el Ayuntamiento de Valencia para esclarecer la presunta financiación ilegal del Partido Popular, se reanudará el 13 de septiembre después de la sesión celebrada esta mañana, en la que una vez más los asesores del PP investigados por la justicia se han negado a declarar y colaborar.

Al término de las comparencencias de hoy los tres concejales del equipo de gobierno, Carlos Galiana (Compromís), Sandra Gómez (PSPV) y Jordi Peris (València en Comú) han lamentado el "boicot" del PP a esta comisión "a pesar de que habían votado a favor de ella en el Pleno". "Hemos asistido nuevamente al circo del PP. Están para cobrar sueldos públicos, pero no para dar explicaciones a la ciudadanía", ha lamentado Galiana. Gómez ha recordado a los ediles del PP que los ciudadanos "sabrán valorar quién ha trabajado para dilucidar las responsabilidades" del caso Taula, mientras Peris se ha reiterado el "boicot" que hacen los populares. Narciso Estellés, representante de Ciudadanos, se ha expresado en términos similares.

Durante la sesión, el portavoz del PP, Eusebio Monzó, ha afeado al portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, que no haya acudido a la comisión de investigación en las tres últimas sesiones a pesar de ser "quien impulsó la moción". La socialista Sandra Gómez ha dicho que "por una vez", estaba de acuerdo con Monzó y ha recriminado a Giner su actitud.

Desde Ciudadanos aseguran que Narciso Estellés es el viceportavoz del grupo y que cumple perfectamente con la labor de control en la comisión de investigación, al tiempo que han recordado que gracias a ello las sesiones son abiertas a los medios, demostrando su compromiso por la transparencia.

Hoy, en la quinta sesión de esta comisión, tenían que declarar José Luis Martí, Andres Rodríguez-Guisado, Cristina Montalva, María Vicenta Boquer y Carlos Andrés Emilio López. Los tres primeros han acudido a su cita, pero se han acogido a su derecho a no declarar, argumentado que todo lo que tenían que explicar ya lo hicieron ante la Guardia Civil. Los dos últimos no han acudido, ya que consideran que no están obligados al no formar parte ya del personal del consistorio.

También ha acudido la funcionaria María José Pi, que aunque no estaba prevista su comparencia, se ha sometido a la comisión porque cuando fue llamada estaba de baja. Aún así no ha servido para nada, porque tampoco ha declarado.