El Ayuntamiento de Valencia está estudiando la posibilidad de que la futura licitación de la Ordenanza de Regulación de Aparcamiento (ORA) amplíe la zona naranja de uso sólo para residentes en algunos barrios. Eso sí, inciden en que sería siempre previo proceso participativo de los vecinos en las zonas propuestas.
Así lo señaló ayer a este periódico el concejal de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, quien explicó que «se está explorando esta posibilidad» después de que el Govern de la Nau haya recibido esa demanda por parte de los vecinos de algunos barrios como Russafa o Benimaclet, que cuentan con poco espacio para aparcar y un alto tránsito de coches. Sin embargo, esta idea todavía es únicamente eso, una intención o posibilidad, puesto que el ayuntamiento todavía está trabajando en el expediente para la nueva licitación, en todos los trámites administrativos necesarios para sacarla adelante, para la cual todavía no se puede marcar una fecha en el calendario.
Asimismo, cabe recordar que ahora mismo las plazas naranjas de pago son de uso mixto, contemplado facilidades para los vecinos de las calles pero admiten el estacionamiento de conductores que vengan de fuera del barrio, pagando un precio más elevado que la más extendida zonal azul.
El ayuntamiento ya expresó en abril su intención de convertir la zona naranja de Ciutat Vella en uso exclusivo de residentes, que se sumaría a la actual peatonalización de ciertas calles del barrio. Para ello debe revisar a partir de septiembre la ordenanza que establezca este uso especial. Este cambio de la ordenanza también afectaría previsiblemente a esas a futuras zonas naranjas en otros barrios. Asimismo, desde la concejalía también estudiarán que haya más facilidades en la forma de pago de la zona naranja y un precio más reducido, en la línea del que hay en otras grandes ciudades de España.
El control de la gestión
La intención del departamento que dirige Grezzi pasa por propiciar una licitación con unas condiciones con la que puedan «mantener el control sobre la gestión de las plazas en superficie y cómo se regulan», señala el concejal, quien indica que la licitación que se anuló definitivamente el viernes en la Junta de Gobierno Local «ataba las manos» a la administración local. Las condiciones actuales, heredadas de la gestión del gobierno del Partido Popular, pasaban por la creación de 10.500 plazas de pago en los próximos ocho años, así como la posibilidad de que la empresa se quedara los 300 parquímetros amortizados con dinero público.
Es más, si el ayuntamiento quita metros de zona azul para colocar otro tipo de estacionamientos, como en el caso del de las motos en la plaza del ayuntamiento, la empresa tenía derecho a recuperar ese porcentaje en otra zona. Como ya señaló el concejal tras la anulación de la licitación, desde el ayuntamiento consideran que «no se había hecho con arreglo al interés público» y anunciaron que el futuro pliego de condiciones pondrá el «interés público por encima del privado».
Más peatonalización
Grezzi, quien desde su departamento está llevando a cabo una política en favor de la pacificación del tráfico y la peatonalización progresiva de la ciudad, explica que están «estudiando la posibilidad de que en caso de que sea necesario colocar zonas de pago sean naranja para los residentes», y apunta que con este tipo de plazas en barrios con poco sitio y calles estrechas se combate el tránsito de coches puesto que se reduce de forma tajante «la expectativa de encontrar aparcamiento» en estas zonas, fomentando así el uso de otros transportes, como el público. Incluso Giuseppe Grezzi recuerda que en ciudades como Madrid hay zonas residenciales en las que las plazas están reservadas 24 horas los 365 días del año a los vecinos del barrio, mediante una pegatina que se coloca en el vehículo.
