Mientras Mariano Rajoy se esfuerza al máximo en dar una imagen de interinidad a su Gobierno, que lleva así desde diciembre pasado, su más que efectivo Ministro de Hacienda sigue ganándose puntos ante las autoridades europeas de Bruselas, que son, y es la cruda realidad, las que realmente mandan. Por eso, mientras su jefe de Gobierno y de partido sigue mareando a l@s ciudadn@s sobre si forma o no Gobierno, su leal Cristóbal Montoro enviaba a diversos ayuntamientos un requerimiento sobre la situación de diversas empresas y entes públicos municipales, entre ellos la EMT de València, para que éstos procedan a su liquidación inmediata, liquidación que debería haberse producido el 1 de diciembre de 2015. Debido a que habían vulnerado la sacrosanta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da un plazo de 15 días para informar de la extinción de estas empresas, amenazando además con la adopción de «medidas automáticas de corrección» previstas en la legislación, así como en reclamar la responsabilidad personal que corresponda si no se toman las medidas exigidas.
Este requerimiento queda tan meridianamente claro en las cartas que alcaldes y alcaldesas han recibido, que después de unos primeros momentos de estupefacción, por lo políticamente incorrecto de comunicar esta decisión mientras se negocia Gobierno, los dirigentes del PP salieron en tromba, eso sí a contradecirse. De esta manera, el delegado del Gobierno (en funciones) defendía las misivas de Hacienda, afirmando que éstas lo único que pretendían era la extinción de empresas locales públicas para así sanear el sistema público legal, esto es o darles viabilidad económica o extinguirlas. Más avezada en el arte de adaptar la realidad a un electoralismo permanente, la presidenta del PP en el País Valenciano, Isabel Bonig, aseguraba que era falso que el ministerio pidiera el cierre de ninguna empresa pública, mucho menos la EMT y que todo era una mentira calculada del alcalde de València, Joan Ribó, para desviar la atención sobre la polémica desatada por los cambios de líneas.
Evidentemente, y como lo único erróneo era la interpretación interesada de Bonig, Hacienda salió públicamente a matizar que el objeto de las comunicaciones no era otra cosa que un procedimiento de información sobre cuál es la situación económica de las entidades dependientes de las corporaciones locales. Una rectificación en toda regla, sobre todo si tenemos en cuenta que dicha información la tiene periódicamente el ministerio, ya que los ayuntamientos españoles están en la práctica intervenidos desde que comenzó la crisis, a pesar de ser las administraciones con menos nivel deuda.
Pero haríamos mal en pensar que es una rectificación permanente. Lo único que ha ocurrido es que se han hecho públicas cuales siguen siendo las intenciones económicas reales del PP, dejando en mal lugar a Rajoy en su intento negociador para perpetuarse otros cuatro años más en la Moncloa. También ha dejado en evidencia la ausencia de alternativa de Gobierno del conjunto de fuerzas progresistas, que incapaces de comunicarse siquiera, han decidido no asumir responsabilidad alguna. Eso es lo realmente preocupante.
