La celebración estos días de los Juegos Olímpicos en la ciudad de Río de Janeiro está sacando a la luz las enormes sombras que este tipo de eventos deportivos suelen llevar detrás. No está de más recordar, que como si de una toma de conciencia de los diversos problemas que traen consigo los Juegos Olímpicos, el pueblo brasileño ha salido a protestar de manera masiva contra el dinero público que ha sido despilfarrado. Las protestas han servido para evidenciar que el crecimiento de la economía brasileña, que llevó a presentar la candidatura de Río de Janeiro, se hizo sobre bases escasamente sólidas, que han desembocado en un duro despertar.
Así, mientras el Estado brasileño destinaba nada menos que 11.000 millones de euros, de ellos un millón en seguridad en este último mes, a la construcción de las instalaciones deportivas, las escuelas públicas se ponían en huelga ante el recorte de inversiones, bomberos y profesor@s no cobraban sus salarios con regularidad, e incluso se ordenaba que los hospitales cerraran sus unidades de urgencia, quitándoles camas a sus pacientes para reservarlas con exclusividad a los Juegos. La movilización contra la celebración de los Juegos ha crecido conforme se conocían las cifras del gasto desorbitado, paralelo a las del aumento del paro y la pobreza.
Por eso no deja de ser sorprendente el revisionismo sobre los grandes eventos que se ha instalado entre algunos cargos públicos municipales y autonómicos valencianos, más teniendo en cuenta no sólo lo que está pasando en Río de Janeiro, sino lo que ya vivimos en nuestra ciudad en los nefastos años de la Copa del América y la Fórmula 1. Si nos detenemos a recordar lo que supuso el gran evento náutico, se hace aún más incomprensible este intento de presentar como algo positivo lo que supuso lapidar nada menos que 1200 millones de euros de inversión pública, en exclusiva para las zonas de amarre y las famosas bases de los equipos participantes, sin que la fachada marítima viera ni un euro real para superar su secular separación del resto de la ciudad, dejándonos además una deuda de casi 400 millones de euros. Al contrario, la Malvarrosa, Nazaret, por no hablar del Cabanyal-Canyamelar, vieron como los urgentes equipamientos que necesitaban se dejaban de lado, e incluso el abandono y deterioro del Tinglado Modernista se convertía en testigo silencioso del despilfarro público y el beneficio privado. Mientras otros barrios, como El Carmen, asistían a su prolongado abandono.
Los revisionistas en el intento de justificar su reivindicación de estos grandes eventos aducen todos sus males exclusivamente a la gestión del PP, afirmando que se creó empleo, sin recordar que fue temporal, precario y desembocó en paro masivo, o intentan confundir metiendo los Festivales por medio. El problema desde el principio es a qué se da prioridad en la inversión pública, si a los equipamientos en los barrios y a los servicios públicos que sí que crean puestos de trabajo de verdad, o a facilidades para que las élites se diviertan a costa nuestra. En el fondo, como siempre, es una cuestión ideológica.
