El Ayuntamiento de Valencia iniciará en septiembre la revisión pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana en suelo urbano para rebajar la «sangría» de las expropiaciones millonarias. La concejalía de Urbanismo estima que en la ciudad quedan en torno a 400 parcelas dotacionales, con una superficie de unos 800.000 metros cuadrados, que con los actuales precios de expropiación rondarían los 1.500 millones de euros. Solo este año se habrá de destinar una partida de 44. 454.957 euros para expropiaciones de la anterior etapa de gobierno. Con la vuelta de las vacaciones, y tras el proceso de selección llevado a cabo por Aumsa, empezarán sus trabajos cuatro arquitectos seleccionados con el fin de consolidar el suelo urbano y equilibrar las dotaciones para minimizar el impacto de las expropiaciones, así como delimitar unidades de ejecución para que los futuros agentes urbanizadores cedan el suelo dotacional correspondiente.
Desde el Govern de la Nau se ha venido criticando duramente la política urbanística del Partido Popular en sus veinticuatro años al frente del «cap i casal». «La situación es insostenible y lo lamentable es que el PP era conocedor de la misma, se le advertía contínuamente y no hizo nada para solucionarlo», apuntaba hace casi dos meses el concejal Vicent Sarrià. Desde urbanismo se estima que en los últimos diez años una de cada tres expropiaciones que se han pagado era a mercantiles privadas. La teoría que sostienen es que numerosos promotores adquirían el suelo dotacional a los propietarios y después reclamaban la compensación al consistorio. «Algo que deberían haber cedido gratuitamente si hubiera habido una buena gestión urbanística del PP», argumentan.
El detonante en el tema de las expropiaciones ha sido la «herencia recibida» por la retasación del parque de Cabecera de dos parcelas de las familias Trenor y Cotino. Una «negligencia» del PP — insisten—, por no pagar en su día 960.000 euros que era el precio de las resoluciones del jurado provincial y que ha acabado costando a las arcas públicas casi 16 millones de euros, tal como desvelaba Levante-EMV el pasado mes de mayo. La sentencia del Tribunal Supremo ha supuesto un mazazo para el erario público y ha llevado al ayuntamiento a abrir una investigación.
Construyendo «gratis total»
La ley establece que en terreno urbanizable el suelo dotacional y la urbanización de los terrenos se ceden gratuitamente al ayuntamiento. «En suelo urbano es necesario delimitar unidades de ejecución, algo que el PP no ha querido hacer en estos 24 años, y de esta manera se han construido más de 50.000 viviendas sin que los promotores hayan cedido prácticamente suelo dotacional a la ciudad», argumentan. Sarriá siempre ha defendido — en la oposición y ahora en el gobierno municipal—, que en Valencia se ha construido «gratis total». «En un contexto de burbuja inmobiliaria se edificaba mucho y con precios de las viviendas cada vez más caros, sin que la ciudad recibiera la parte de suelo dotacional para jardines, colegios o equipamientos públicos deportivos, culturales o sanitarios», señalaba tras conocerse el caso de las últimas expropiaciones millonarias.
Desde Urbanismo se recuerda que el PGOU data de 1989 y es un documento de planeamiento al que había que aplicar la gestión urbanística. «El PP entró en mayo de 1991 y no ha querido nunca hacerlo», recuerdan. La revisión iniciada por el equipo de Rita Barberá tuvo que ser aparcada en abril de 2015 tras la presentación de 20.000 alegaciones que dificultaban su aprobación definitiva. Venían las elecciones municipales y el PP postergó el asunto con el objetivo de retomarlo en esta legislatura si repetía mandato, algo que no ocurrió.
Esta nueva revisión del PGOU permitirá, además, abrir tapones urbanísticos e incorporar «operaciones de cirugía urbana» para intervenir en zonas degradadas. El Govern de la Nau también trabaja a su vez en una modificación legislativa — junto con la Generalitat Valenciana—, para rebajar el efecto económico de las expropiaciones alargando el tiempo en los procesos, aunque se confía que una vez modificado el planeamiento «se pondrá orden y sensatez en la distribución de cargas y beneficios».
