El Ayuntamiento de Valencia quiere llevar a cabo una campaña de concienciación en la calle para incentivar la prestación de un servicio de calidad en los apartamentos turísticos, haciendo «conscientes a los propietarios de que han de estar legalizados y que la actividad que desempeñan ha de ser sostenible y compatible con el uso residencial», según explicó ayer a este diario el coordinador general del área de Desarrollo Económico Sostenible del consistorio, Enric Roig. Lo hará a través de informadores en la calle, con la colaboración de la Agencia Valencia de Turismo, que como recordó Roig «es quien tiene la competencia inspectora» para detectar apartamentos ilegales. La agencia ya obliga a los dueños de los apartamentos a realizar encuestas a los cliente sobre su estancia, y el ayuntamiento quiere ahora con esta campaña realizar cuestionarios a los dueños de las viviendas y a los vecinos para conocer la situación y el nivel de aceptación de este tipo de turismo.
Se pretende actuar de forma «coactiva», evitando así la vía de las sanciones, es decir el control policial y las multas, pues indica que los casos que pueden llevar a este tipo de actuaciones «son excepcionales». Así, quieren trabajar de la mano de la Agencia de Turismo Valenciana, que es quien controla el número de apartamentos, dónde están y que zonas son más problemáticas. La campaña se haría de la mano de sus técnicos y se quiere elaborar el cuestionario con este organismo.
El objetivo es «que la oferta esté controlada, no haya problemas de convivencia y sea sostenible. Una oferta que produzca beneficios», sentenció Roig.
Planificación
Roig explicó que «hay barrios con mayor demanda de este tipo de alojamientos y lo que queremos es saber y controlar hasta qué punto puede llegarse a la saturación y planificar por zonas de la ciudad dónde es posible realizar inversiones de este estilo e incorporar nuevos alojamientos turísticos».
Como publicó este diario, Valencia quiere agilizar la regulación de estos apartamentos ante la presión vecinal y cree que en ocho meses podría tener lista una nueva normativa para evitar la situación de saturación que se vive en Barcelona. El ayuntamiento trabaja, desde hace medio mes, en una revisión del Plan General de Ordenación Urbana que permita la regulación de la oferta de apartamentos turísticos.
En la ciudad condal, donde se han producido gran cantidad de protestas vecinales, se han tenido que cerrar más de 250 pisos ilegales tan solo en julio, con multas de hasta 600.000 euros a las empresas Airbnb y Homeway, que también se publicitan en Valencia. Según los datos que maneja el ayuntamiento, en la ciudad hay unos 1.100 apartamentos legales y otros tantos que no han sido regulados.
