Las mordidas del caso Taula pagadas por la cartera de empresas que se creó el exyonki del dinero, Marcos Benavent, y que trasvasó de la Fundación Jaume II el Just al Ayuntamiento de Valencia pueden alcanzar la cifra de 10 a 20 millones de euros, según la estimación del juez que investiga la causa, Víctor Gómez, titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. «Es difícil evaluar en este momento el perjuicio económico derivado de las ganancias que se hayan podido generar con la actividad ilícita de los investigados, pero este instructor, atendiendo al número y entidad de los hechos que cabe reputar en este momento como objeto de la causa, estima ese valor entre 10 y 20 millones de euros», señala.
El magistrado del caso Taula realiza esta valoración en un auto fechado el pasado mes de febrero en el que decide el decomiso de propiedades inmobiliarias y vehículos de los principales imputados en la pieza separada del caso Taula que investiga los amaños de los contratos que permitían cobrar mordidas a la red creada por el exyonki del dinero, Marcos Benavent, la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón y su exmarido y exgerente de la Fundación Jaume II el Just, Vicente Burgos. El titular del Jugado de Instrucción 18 de Valencia también incauta propiedades a los empresarios imputados en esta pieza y a las empresas que pagaron mordidas no sólo por contratos amañados en el Ayuntamiento de Valencia sino también en la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, Imelsa (Impulso Económico Local SA), de ahí que la cantidad a decomisar por las presuntas mordidas cobradas sea mucho más elevada que los 38.000 euros en comisiones sobre los que la Guardia Civil tiene indicios claros.
Por el eso el magistrado Víctor Gómez ha decido incautar de forma cautelar, para hacer frente a una posible responsabilidad civil una vivienda en Valencia al exyonki del dinero, Marcos Benavent; dos viviendas, dos garajes en Cullera y Calp y un BMW a la exconcejala María José Alcón; un terreno y un piso a su exasesor, Pedro Aracil; una vivienda en Rocafort al exmarido de Alcón, Vicente Burgos; un piso al empresario Alejandro Serra Nogués; cinco propiedades más, un Mercedes, un Toyota y una Yamaha al empresario Rafael García Barat, las mismas que incauta al antiguo propietario de la empresa que restauró la Lonja, Carlos Vicent a quien también decomisa tres vehículos marca Mercedes y al propietario de Cleop, Carlos Turró Homedes. Además, el juez también ha decidido embargar todos los productos bancarios (excepto las cuentas corrientes) propiedad de los doce imputados en esta causa y las empresas implicadas en la trama de pago y cobro de comisiones del 2%.
