La Comisión Europea ha aceptado la denuncia hecha por Izquierda Unida y ha condenado la proyección pública de las imágenes de Hitler, Himmler y Franco durante el transcurso de las Jornadas Visigóticas en la localidad de Guadamur el pasado mes de mayo. Así la institución europea «condena todas las formas de racismo y xenofobia, pues van en contra de los valores de la Unión Europea», a la vez que recuerda al Gobierno en funciones del PP que los Estados están obligados «a tipificar como delito la incitación pública a la violencia o al odio, incluida la negación, la apología y la trivialización flagrante de los crímenes de guerra, genocidios y crímenes de lesa humanidad, incluido el Holocausto».
La resolución de la Comisión Europea, no solo supone un nuevo varapalo ante la indiferencia del Gobierno de España a la hora de aplicar las leyes internacionales respecto la comisión de crímenes contra la humanidad, como supuso la Dictadura de Franco, sino que además le recrimina que no haga uso de sus propias competencias para «investigar, procesar o juzgar los casos individuales de delitos de incitación al odio». Es decir, las autoridades europeas recuerdan que en ningún momento se pueden trivializar los crímenes de guerra y hacer pasar como un descuido algo tan grave como lo sucedido en esta localidad toledana. Aunque fue en el mes de mayo y en Toledo, aquí en nuestra ciudad se han producido otros hechos reprobables que no han contado con el rechazo proporcional al ataque a los valores democráticos, tal vez porque han sido llevados a cabo por el máximo representante eclesiástico en el País Valenciano. La verdad es que con todo lo que hace el Cardenal Cañizares parece que se hace realidad aquella frase de «con la Iglesia hemos topado». No contento con aquellas declaraciones en las que arremetía contra «el imperio gay y ciertas ideologías feministas» a las que acusaba de ser las más insidiosas de la historia, autorizaba una misa para el Dictador Francisco Franco en plena Catedral de València para el 18 de julio, conmemorando así la sublevación fascista contra el Gobierno legítimo de la República. Escuchando las justificaciones que el Arzobispado de València dio para autorizar tamaño insulto a la convivencia democrática, la verdad es que sobrecoge saber que se permite que cualquier fiel pueda pedir que se realice una misa en memoria de cualquier persona, «sea un asesino o quien sea, ya que así lo autoriza el Derecho canónico», como declaró una portavoz del arzobispado. Pero más preocupante resulta saber que dicha institución antepone una rama del Derecho para la regulación jurídica de la Iglesia Católica, a los principios de convivencia democrática recogidos en nuestra Constitución y que son la base del Estado de Derecho al que estamos obligad@s tod@s, la Iglesia también. Por eso no estaría mal que mientras las autoridades políticas, incluido nuestro Consell, le dejan patente a Cañizares cuáles son sus obligaciones legales, el Papa Francisco le recordara a su arzobispo su reciente visita a Auschwitz y a los 1.200 español@s que fueron asesinados allí, por oponerse, precisamente, a Franco.
