En 2017 la Autoridad Metropolitana del Transporte será una realidad. La creación de este ente, autónomo pero dependiente de la Generalitat Valenciana, se aprobó el pasado julio después de que más de 60 alcaldes del área metropolitana de Valencia se reunieran para firmar una declaración en la que se manifestaba la voluntad de crear un organismo destinado a coordinar, y unificar, la movilidad para una población de casi 1,8 millones de habitantes. El largo trayecto hasta su nacimiento y la financiación estatal necesaria para equipararse a Madrid y Barcelona, se sabe plagado de obstáculos. Entre las carencias actuales, la falta de un billete unificado -en el que descuenta dinero en función del trayecto -. O los carriles VAO -Vehículos de Alta Ocupación e implantados ya en las entradas de Madrid y Sevilla- y que son específicos para los coches que más gente lleven en su interior. Industria propone dotar a toda ciudad española de más de 500.000 habitantes de esta iniciativa, que busca racionalizar el transporte de personas.
La autoridad metropolitana, que seguirá el ejemplo de ciudades como Barcelona o Madrid, se dedicará a la planificación de infraestructuras, redes y servicios del transporte público de viajeros. Además, se encargará del diseño y la aprobación del régimen tarifario, así como la celebración de contratos-programa con los operadores de transporte y el control de su cumplimiento. También contará entre sus funciones la suscripción de convenios con otras administraciones públicas para desarrollar sus competencias y, especialmente, para financiar el sistema de transporte.
A su vez, gestionará los contratos de servicio público de transporte de viajeros; se ocupará de la información al usuario, publicidad y calidad de los servicios; redactará los planes de movilidad sostenible que le correspondan, así como su seguimiento, control y evaluación; y entrará entre sus competencias la colaboración y coordinación con las administraciones públicas en materia de actividad inversora en infraestructuras de transporte, ordenación del territorio y gestión del tráfico y de la circulación.
El nacimiento de este organismo es, en opinión del Consell, « un primer paso para poder recuperar la financiación que tienen otras ciudades». Además, han defendido «el transporte público y un área metropolitana organizada que trabaje conjuntamente por los ciudadanos» y han destacado que «otras autonomías siguen percibiendo subvenciones por este concepto mientras que Valencia no recibe nada desde 2001». La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha reiterado la exigencia al Gobierno central para que se contemple en los presupuestos de 2017 una línea de financiación con, al menos, 36 millones de euros destinados a este fin.
En cuanto a los órganos de gobierno de la Autoridad, se ha propuesto que la formen 7 miembros designados por la Generalitat, uno de los cuales ejercerá la presidencia con un voto de calidad; 5 miembros designados por el Ayuntamiento de Valencia y 2 miembros designados por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. También se ha sugerido la implantación de una Comisión Ejecutiva, una dirección-gerencia y un órgano consultivo que represente a los operadores de transporte y a los usuarios. Respecto al régimen económico, estará basado en los ingresos por las tarifas establecidas en los servicios de transporte y las aportaciones de las administraciones públicas.
En referencia a este tema, el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha señalado que el consistorio apuesta por la «gran Valencia», donde «la conexión en transporte público permita unir el área metropolitana con nuestra ciudad», como ocurre en ciudades como «Londres o Nueva York».
En 1997, Barcelona inauguró su propia Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Las administraciones consorciadas son la Generalitat de Catalunya y las administraciones locales formadas por el ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU). Además, cuenta con representantes de la Administración General del Estado (AGE) en sus órganos de gobierno como observadores.
El sistema tarifario de este organismo, que ha recibido como subvención del estado 98 millones de euros, abarca 296 municipios y agrupa diferentes servicios de autobús, metro y ferrocarril. Madrid fundó su Consorcio Regional de Transportes en 1985. El ente nació como un organismo público que concentrara las competencias relacionadas con el transporte regular de viajeros en la Comunidad de Madrid.
El Consejo de Administración lo componen representantes de la Comunidad de Madrid, los municipios adheridos, la administración del Estado y diversas entidades, entre las que se encuentran operadores privados de transporte, sindicatos y asociaciones de usuarios y consumidores.
Los servicios que integra, que abarcan 179 municipios, incluyen metro, autobús urbano, concesiones por carretera, metro ligero, otras concesiones ferroviarias y cercanías. La subvención recibida desde el estado alcanza los 126 millones de euros. Entre las medidas actuales efectuadas en materia de transportes, destaca la implantación del «Bono Transbordo AB». El título permitirá a los usuarios viajar desde 40 municipios de l'Horta hasta Valencia y realizar un transbordo gratuito entre Metrovalencia, los autobuses de la EMT o las líneas de MetroBus de la Generalitat de manera que resulte más económico que comprar dos billetes de diferentes transportes.
En la conselleria han destacado cómo los precios oscilan entre 3,60 euros y 1,84 euros en ese caso, mientras que con el nuevo bono «se pagará entre 1,45 y 1,70». Han destacado que no caducará, ahorrará tiempo y aportará «una visión unificada de los transportes». Se trata de una medida que «beneficiará a más de 1,5 millones de personas». «No se había tomado ninguna medida al respecto en 20 años», han remarcado.
