El Ayuntamiento de Valencia ha presentado alegaciones al Plan de Acción Territorial de la Huerta (PATH) impulsado por el Consell porque apenas deja margen de maniobra a los ayuntamientos. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer las «sugerencias», donde no duda en criticar un conjunto de requisitos y trámites administrativos a su juicio «excesivo». «Además, asume prácticamente toda la tutela, lo que deja a los ayuntamientos sin competencias al respecto», apunta en referencia al documento de la Conselleria de Obras Públicas, Vivienda e Infraestructuras. Así, el Govern de la Nau pide una simplificación administrativa «ya que lo previsto dificulta la agilidad necesaria en las actuaciones». Inciden también los informes municipales en que el PATH habla de los enclaves de recuperación de la huerta, «pero no los identifica». De ahí que se pida un plazo para señalarlos e incorporarlos.

Entre las cuestiones que plantean los servicios municipales está la de que se clarifiquen «mas los usos terciarios y dotacionales». Las alegaciones son críticas al señalar que el PATH «no distingue las actuaciones a llevar a cabo entre los sectores de recuperación de huerta y las zonas rurales comunes». Algo que llega a tachar de «contradicción», por lo que pide que se establezca «con claridad el desarrollo urbanístico o no cuando proceda». Alcanzado ese punto, señalan que el plan de la conselleria reserva como zona rural común el sector de la Punta, «lo que deja en manos del ayuntamiento la la decisión futura de las actuaciones a desarrollar en él. Como se recordará, el pleno municipal aprobó el pasado 29 de septiembre los criterios de ordenación de la ciudad en el contexto de la Revisión Simplificada del PGOU y mantiene el sector de La Punta como zona rural común que plantea el PATH, con el objetivo de garantizar la conexión y permeabilidad de la ciudad con el barrio de Natzaret.

El nuevo planeamiento recoge para los ayuntamientos la obligación de alcanzar en todo el municipio la ratio de 10 metros cuadrados de zona verde y parques por habitante. El consistorio ha comentado que dada la imposibilidad de alcanzar esta ratio por parte la mayoría de ayuntamientos por falta de suelo disponible, el PATH establece la posibilidad de computar suelo de huerta como zona verde, con el objetivo de garantizar la protección de aquella. «El Plan prevé que se valoren a precio de mercado los metros cuadrados de zona verde que no van en suelo urbano y se computan en la huerta (con el objetivo de invertir directamente esta cantidad en la huerta en proyectos de recuperación, itinerarios, patrimoniales, dotacionales», ha expuesto la administración local, que ha propuesto que esta valoración no se realice a precio de mercado sino que se plantee una estimación en torno a los 10 euros por metro cuadrado. Esto supone que si en la revisión simplificada estructural del PGOU fuera imposible atender la ratio final de zonas verdes y parques de la ciudad (los citados 10 metros cuadrados), y fuera necesario, por ejemplo, vincular unos 100.000 metros cuadrados a la huerta, el consistorio presentaría un programa plurianual de inversiones en la huerta equivalente a 1.000.000 euros.